Los sindicatos amenazan al Gobierno con una huelga de funcionarios si no suben los salarios

Ahora dan un paso más y elevan la tensión con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. «Vamos a pasar a la acción», advierten ante lo que consideran un bloqueo en la negociación colectiva de los empleados públicos, que impide la subida salarial para más de tres millones de trabajadores. Además, advierten en un comunicado conjunto: «No descartamos la convocatoria de una jornada de huelga».

La interlocución entre los representantes sindicales y el Ejecutivo es prácticamente nula. «Nunca hemos vivido nada así», aseguran fuentes sindicales. «No hay reuniones ni encuentros. Nada», añaden. Los representantes de los empleados públicos exigen, entre otros asuntos, la renovación del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, caducado desde 2024, y que contemplaba un incremento salarial acumulado del 9,5% para los tres ejercicios en que estuvo en vigor el pacto (2022, 2023 y 2024).

De momento, en el presente ejercicio los cerca de tres millones de empleados de la Administración no han recibido ninguna subida salarial. Tan solo han sumado a sus nóminas el pago de atrasos del 0,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, correspondiente al anterior acuerdo salarial -ya extinguido- y que se abonó en las nóminas del pasado mes de agosto.

La respuesta del departamento que dirige Óscar López -aseguran los sindicatos- siempre es la misma: que una posible subida «se encuentra en el marco de la negociación presupuestaria».

Así ha ocurrido en los «varios encuentros» que las partes han mantenido durante este 2025. Según denuncian los sindicatos, el bloqueo de las negociaciones es total, «a pesar de la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos», subrayan.

En un comunicado remitido este lunes, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque; el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo; y el presidente de CSIF, Miguel Borra, detallarán este martes el calendario de movilizaciones que comenzará a finales de mes por toda España y se prolongará hasta final de año.

Si para entonces el Ejecutivo no ha desbloqueado la negociación que permita vislumbrar un nuevo pacto salarial, las tres centrales -que representan a la inmensa mayoría de los empleados públicos del país-barajan convocar una huelga general en las administraciones y empresas públicas.

Las brechas entre los trabajadores de la Administración y Moncloa no se limitan a la subida salarial. La temporalidad en el sector público es otro de los grandes caballos de batalla entre ambas partes, con la Unión Europea como observador.

La semana pasada, el abogado general de la UE dejó en manos del Tribunal Supremo la decisión sobre la conversión de los contratos temporales en indefinidos y recordó que las indemnizaciones que establece la legislación española no resultan lo suficientemente elevadas como para desincentivar este tipo de contratación. Sobre esta base, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará previsiblemente antes de finales de año. Esta sentencia se sumará a las emitidas anteriormente y que llevaron a la Comisión Europea a abrir un expediente de infracción a España por no contar con medidas suficientes para atajar el encadenamiento de contratos eventuales.

En paralelo, Función Pública trabaja en un borrador para reducir la elevada tasa de temporalidad, situada en el 27,8%, más del doble que en el sector privado. Según la propuesta del equipo de López, presentada a las comunidades y de la que los sindicatos tuvieron conocimiento a través de la prensa, el plan se basa en limitar los contratos a dos años por puesto, impedir su encadenamiento, reconocer la antigüedad de los interinos y fijar sanciones más duras, según ha podido saber este periódico.

Además, el ministerio tiene abierta una negociación con los representantes de los empleados públicos sobre el modelo de acceso al empleo público, que no está exento de polémica, tras la propuesta del Gobierno de una reforma en profundidad que implicaría la creación de una escuela de formación obligatoria durante dos años para todos los aspirantes a un empleo público.