Los trabajadores de La Naval insisten en la compra pública del astillero, que la ministra descarta

Grúas del astillero de La Naval ya inactivas. /Sergio García
Grúas del astillero de La Naval ya inactivas. / Sergio García

Un centenar de empleados de la empresa vizcaína se concentraron ayer frente a la sede del PSOE en Madrid antes de reunirse con la titular de Industria, Reyes Maroto

Jesús L. Ortega
JESÚS L. ORTEGA

Aunque ya oficialmente despedidos –medida que será recurrida judicialmente– y concluido ayer el plazo de diez días que la SEPI había dado a 150 trabajadores de La Naval para que eligieran destino para su recolocación en otras plantas de Navantia, los exempleados del astillero vizcaíno insisten en que la única solución que contemplan es la compra de la empresa por parte de los gobiernos central y vasco para mantener la actividad y sus puestos de trabajo en Sestao. Opción, que apoyada en un informe de abogados especializados, afirman es posible según además les aseguraron el mes pasado –sostienen– desde el área de Competencia de la Comisión Europea, en Bruselas, pues no constituiría ayuda de Estado si no implica transferencia de recursos a la empresa.

Y así se lo volvieron a reiterar ayer a la ministra de Industria Reyes Maroto, con la que se reunieron en el Congreso de los Diputados, en Madrid, representantes de la plantilla y de las secciones sindicales de la industria naval de UGT-FICA, CC OO, CAT y ELA. Tras el encuentro, los representantes de La Naval señalaron que la ministra se había comprometido a contrastar esa posibilidad con Bruselas y ha presentarles un informe al respecto en una próxima reunión para la que no se había fijado una fecha, pero que estimaban podría ser incluso la próxima semana. Eso sí, también admitieron que aunque la compra pública de la empresa fuera posible si no vulneraba la normativa comunitaria, Maroto no se había comprometido a llevar a cabo una operación de ese tipo.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Industria aseguraron tras la reunión que tanto los informes jurídicos que obran en poder del Gobierno, como las opiniones ya trasladas al respecto por las autoridades europeas al Ejecutivo español, confirman que la intervención pública en el astillero sin que haya un inversor privado que presente un proyecto viable supondría incumplir la normativa comunitaria relativa a ayudas de Estado. Las mismas fuentes negaron además que la ministra se hubiera comprometido a realizar nuevas consultas al respecto, por lo que se descartaba la posibilidad de que La Naval fuera adquirida por las Administraciones públicas. Lo que según Industria sí les trasladó Maroto a los representantes de La Naval fue «el compromiso del Gobierno en seguir trabajando para mantener la actividad productiva en Sestao».

Previamente a la reunión con la ministra, por la mañana un centenar de empleados del astillero que habían viajado desde Bizkaia hasta Madrid se manifestaron ante la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, para pedir al Ejecutivo socialista la nacionalización de la empresa y garantizar así los 173 puestos de trabajo ya extinguidos tras el anuncio de liquidación de La Naval, el pasado 28 de febrero.

Entre lemas como de «PSOE sólo te queda la E» y «Trabajo sí, cierre no», los manifestantes también hicieron referencia a los «viernes sociales» en alusión a la aprobación de medidas durante los últimos Consejos de Ministros y exigieron «un viernes social para salvar a La Naval».

Entretanto, respecto a la recolocación de 151 de los 173 trabajadores del astillero en la SEPI –los 22 restantes se incorporaron al mismo tras su privatización y por tanto no gozan de ese compromiso de reubicación–, fuentes sindicales señalaron que una comisión de seguimiento se encargará de dirigir la distribución de esos empleados «en los próximos meses» por los astilleros de Navantia en Ferrol, Cádiz y Cartagena o en las oficinas centrales de la compañía en Madrid.