Los sindicatos presionan para reactivar el contrato de relevo en todos los sectores

«El objetivo de la negociación es que vuelva a ser atractivo», señala Oskar Arenas, de CC OO-Euskadi. Su evolución en el tiempo evidencia que ha dejado de serlo. En el País Vasco se han firmado 599 contratos de relevo hasta octubre, según datos del SEPE, un 11% más que en igual periodo del año pasado, pero una cifra muy alejada del pico de 2008. A partir de entonces empezaron a decaer, tanto por los cambios normativos introducidos en 2011 como por la crisis financiera.

En 2013 no llegaron ni a un millar. En ese momento entró en vigor una severa reforma que eliminó buena parte de las ventajas, al reducir el porcentaje de cotización bonificada, con objeto de rebajar su alto coste para las arcas de la Seguridad Social; en sus inicios, cuando la figura fue creada en 1999, llegó a suponer 125.000 euros por contrato. Además, el Gobierno de Rajoy recortó de cuatro a dos años el plazo para poder acogerse al relevo antes de la jubilación ordinaria. Pero al menos se estableció un periodo de transición hasta 2018. Fue en ese ejercicio cuando, ante la presión de los agentes sociales, se aprobó la modalidad específica para la industria manufacturera, con extensión hasta la conclusión de 2022.

Esta modalidad específica del sector industrial permite acceder al contrato de relevo a los trabajadores de más de 61 años que tengan al menos 33 cotizados (en el normal hay que haber cumplido 63 años y cuatro meses). Su reducción de jornada puede oscilar entre el 25 y el 67% y alcanzar el 80% en caso de que al relevista se le haga contrato indefinido a jornada completa. El trabajador que cubra su plaza deberá percibir al menos el 65% de la base reguladora del semijubilado.

Esta fórmula especial, a la que ha recurrido en particular la industria automovilística, es la que vence a finales de este año. Los sindicatos quieren aprovechar las negociaciones sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones para prorrogarla y extenderla a otros ámbitos. Son conscientes de que no va a ser fácil sacar un euro de la caja de la Seguridad Social justo cuando lo que se pretende es adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema, después de que en la primera fase se haya disparado el gasto al vincular las pensiones con el IPC. España, además, necesita el visto bueno de Bruselas para seguir accediendo a los fondos europeos.

Pero, a la vez, el ministro José Luis Escrivá se ha quedado solo en propuestas como la de elevar de 25 a 30 años el tiempo de cómputo para el cálculo de las pensiones, con la posibilidad de descartar los dos con menores cotizaciones. La medida ha suscitado el rechazo de los agentes sociales e incluso de parte del Gobierno, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza. El contrato de relevo podría servirle de baza para recabar apoyos.

«Nosotros lo que hemos puesto sobre la mesa es que no solo es necesario prorrogar la modalidad de la industria manufacturera, sino que se debe extender a todos los sectores. Hay que volver a la situación anterior a 2013», apunta Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social de CC OO. La negociación está por ahora atascada y el tiempo ya se echa encima.