PNV y PSE cierran la puerta al complemento de las pensiones

La portavoz del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), Ana Mezo Basaras, ha abierto el debate previo a la toma de consideración de la ILP recordando los 8 años de lucha que mantiene el colectivo pensionista en Euskadi. La presentación de la medida ha precedido esta mañana, además, a una movilización de protesta organizada por el movimiento, que se ha manifestado por el centro de Vitoria para terminar concentrándose frente al Parlamento vasco.

Mezo ha señalado en el pleno que cerca de 100.000 pensionistas vascos perciben menos de los 1.184 euros que marca el SMI (en 14 pagas anuales), unas prestaciones por debajo de ese mínimo que recáen mayoritariamente las mujeres. Además ha contradecido los argumentos que el Ejecutivo autonómico había recogido en su informa, y que justificaban la existencia de una RGI que garantizaba unos ingresos mínimos de 1.080 euros mensuales. «Se obvia que esta prestación se percibe en 12 pagas, mientras que tanto las pensiones como los salarios, incluido el SMI, se perciben en 14 pagas, y se dice que un tercio de los perceptores son pensionistas cuando, según nuestros datos, son un cuarto», ha matizado en un discurso en el que ha criticado «el hurto» a un debate fundamental para mejorar las condiciones de vida de los pensionistas.

El enfado del coletivo ha sido visible después de la votación. En declaraciones desde el Parlamento, uno de sus portavoces, Arturo del Val, ha condenado el voto emitido por PNV, PSE, Vox y PP -éste último optó por abstenerse, mientras que únicamente EH Bildu y Sumar apoyaron la medida- que «ha convertido un derecho fundamental que proviene del pueblo en una auténtica tomadura de pelo y un fraude antidemocrático». «Después de un año de trabajo nos han despachado en un cuarto de hora», se ha dolido.

En su intervención tras la votación, el parlamentario del PNV, Markel Aranburu, ha querido poner en valor el trabajo que los pensionistas han realizado «pueblo por pueblo», y «a pesar de unos resultados» que ha alegado se producen al tratarse de una proposición de ley «jurídica y económicamente inviable». El representante jeltzale ha manifestado que no están en contra de la iniciativa, pero sí de la vía empleada ya que aborda una competencia cuyas decisiones «se tratan en Madrid y no aquí». Además ha manifestado que «sin arrogancia, pero con orgullo, nuestras políticas sociales son las más avanzadas del Estado y a la vangaurdia de Europa», y ha detallado que «como abertzale me gustaría también que esto fuera competencia de este parlamento», un objetivo para el que prometen seguir trabajando y en el que esperan contar con el apoyo de los pensionistas.

Tanto Aranburu como el portavoz socialista, Ekain Rico, han argumentado igualmente la importancia que tiene el actual sistema de garantías vasco que no solo contempla la renta y el patrimonio de las personas de forma individualizada, sino considerando los ingresos de otros miembros del hogar para «no romper con la lógica y la justicia social». Rico ha advertido que desde su regreso al Gobierno de España, en 2018, se han venido elevando las pensiones conforme al IPC y la viabilidad del sistema hasta alcanzar en la actualidad los 1.617 euros de media para todas las prestaciones contributivas en el País Vasco, y los 1.836 en el caso de las jubilaciones. «Nuestro compromiso es el de seguir asegurando el bienestar de nuestros pensionistas a través del fortalecimiento de nuestro sistema público de pensiones, que es como entendemos que hay que hacerlo», ha abogado.

La iniciativa ha contado con el respaldo de EH Bildu y Sumar. La parlamentaria de la formación abertzale, Nerea Kortajarena, ha criticado el rechazo a una iniciativa «justa y necesaria» para defender unas pensiones dignas y la existencia de mecanismos para defenderlas. «Parece que este departamento va a hacer lo de siempre, no dar cauce a esta demanda que hacen 145.000 personas. Esto deja muy poco margen a la participación ciudadana», ha lamentado, y ha señalado que se trata de un error que «no permite tender puentes con la ciudadanía». Además, Kortajarena ha puesto en valor la demanda, «porque sabemos desde hace tiempo que nuestros mecanismos de protección son limitados en este aspecto».

El representante de Sumar, Jon Hernández, ha incidido en el peso que tiene una ILP como propuesta «que proviene directamente de la calle, la movilización y la sociedad civil». «Ojalá más ILP que engrandecen la democracia», ha apuntado.

Por su parte, la representante de Vox, Amaia Martínez, ha sidi crítica con el «populismo» de una medida que «suena muy bien», pero que ha calificado de «inviable, irresponsable y profundamente injusta con quienes han contribuído durante décadas al sistema», y que supondría además «un coste económico que no se puede pagar con buenas intenciones».

La demanda también ha provocado las reacciones de los sindicatos vascos, que se habían manifestado a favor de la ILP. LAB ha calificado lo ocurrido en el Parlamento de «escándalo antidemocrático» y ha acusado al gobierno de Pradales de arrebatar a la ciudadanía «un debate social fundamental». «Sin duda ha llegado el momento de dar pasos significativos hacia un nuevo modelo de protección social, más amplio y propi», han añadido.

CC OO de Euskadi ha lamentado que la iniciativa no haya llegado a tramitarse ya que aborda una de sus reivindicaciones históricas, que las pensiones mínimas alcancen el SMI, «siempre en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dentro del actual sistema público de pensiones y sin romper la caja única».