Hacienda apremia a 22 ayuntamientos a que paguen ya 563 millones

El Gobierno no quiere que con la próxima salida del programa de déficit excesivo, y con ello del control especial desde Bruselas, algunas administraciones públicas puedan relajarse –sobre todo si es en exceso– en el control de sus cuentas. Y uno de los puntos donde va a poner especial énfasis es en el control de su morosidad comercial. Para ello puso en marcha hace tres años el Plan de Pago a Proveedores, donde a cambio de una financiación muy cómoda les exigía cumplir en plazo con sus facturas. El tope que les dio fue de 30 días y a base de apretarles las tuercas ha logrado que su promedio, muy superior entonces, se haya reducido a 28,2 días según los últimos datos (hasta agosto).

Extraoficialmente cuenta con una pequeña argucia que permite que la presión sobre las administraciones no sea tan severa como parece. El motivo es que el plazo para abonar no empieza a contar desde que se presentan las facturas correspondientes, sino transcurridos 30 días, según critican desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), lo que en la práctica eleva el margen a los 60 días que también son el referente entre empresas.

La Comisión Europea ha llamado la atención al Ejecutivo por ello y por eso en Hacienda quieren mostrarse más firmes. Prueba de ello son los avisos que con relativa frecuencia hace a distintas administraciones para que no se excedan en los plazos, al tiempo que anima a pymes y autónomos a reclamar intereses de demora e incluso compensaciones. En este sentido, el pasado 1 de diciembre dirigió una serie de cartas a un total de 22 ayuntamientos, así como a la Diputación Provincial de Cádiz, instando a sus responsables a adoptar medidas urgentes al haber «superado en más de 30 días el plazo máximo», esto es, en la práctica rebasarían la frontera de los dos meses.

Es el primer aviso antes de adoptar otro tipo de medidas de tutela financiera –desde reducciones de gastos a incrementos forzosos de ingresos, además de retención de recursos procedentes del Estado– si no se corrigen. En total, tienen pendiente de pago 562,77 millones, tras haber abonado otros 104,7 millones. Hay una docena de consistorios andaluces (entre ellos los de Sevilla, Granada, Huelva, Cádiz, Jerez, Algeciras y Jaén), tres en Canarias (incluido el de Las Palmas), otros tantos en Madrid (como Alcorcón y Leganés), Valencia (caso de Torrevieja y Gandía), uno en Extremadura (Mérida) y otro en Galicia (Lugo).

El mayor montante adeudado corresponde a Granada y Jerez, ambos con 78,4 millones de euros pendientes, seguidos de Jaén, con 72,3 millones; Sevilla, con 40 millones; Algeciras, con 37,4 millones; Las Palmas, con 29,1 millones; y Gandía, con 21,9 millones. A su vez, las sumas más bajas corresponden a Mérida (Badajoz), con 4,5 millones; Mijas (Málaga), con 4,7 millones; Orihuela (Alicante), con 7,3 millones; y Lugo, con 8,8 millones.

La mayor demora para pagar a sus proveedores corresponde al Ayuntamiento de Jaén, con 553 días, esto es, 18 meses y medio. Le siguen los consistorios de Parla (430 días), Algeciras (399) y Telde (384), todos por encima del año y reincidentes en estas prácticas. El menor retraso de los señalados se da en Sevilla (62) y Mérida (66).