Las diputaciones recurren al Concierto para marcar diferencias con el Estado

El gesto de abordar un segundo ajuste en la escala de gravamen del IRPF, el impuesto de mayor impacto para la población junto al IVA que abonan los ciudadanos en todas sus compras, es también un guiño a los sindicatos, que lo habían demandado con intensidad en los últimos meses para hacer más llevadera la escalada de la inflación. También lo es la rebaja de la presión fiscal a las rentas más bajas, las que no alcanzan los 35.000 euros anuales. Pero la decisión adoptada por los ejecutivos forales con el respaldo del lehendakari es, sobre todo, un mensaje de diferenciación con la estrategia de Pedro Sánchez, empeñado en apurar al máximo las opciones de recaudación de impuestos para combatir el déficit público.

Ya a finales del pasado año, en la tramitación de los Presupuestos, el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos rechazó la posibilidad de adaptar las tarifas del IRPF para absorber el impacto de la inflación. Bien es verdad que en aquellos momentos las tensiones del IPC apenas habían comenzado y aún no se vislumbraba una escalada de precios como la actual, de la mano primero del alza de costes energéticos y más tarde de una incertidumbre en torno al suministro de gas alentada por la invasión de Ucrania. Las diputaciones sí que optaron por aplicar desde enero una deflactación de la tarifa del 1,5%, que fue llevada también a las tablas de retenciones para permitir que su primer impacto se pudiese apreciar en las nóminas de los empleados por cuenta ajena de forma inmediata.

La fiscalidad se ha convertido en un elemento de primer orden en la competencia regional. Urkullu no dudó en calificar de 'dumping' la táctica que utiliza la Comunidad de Madrid desde hace años. Las medidas adoptadas ahora por las diputaciones también tienen algo que ver con esta pugna por diseñar una tributación más justa. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del PP, anunció en mayo la deflactación de la escala de gravamen del IRPF utilizando para ello el tramo autonómico de este impuesto. La iniciativa no entrará en vigor hasta enero de 2023. Para este año ya había aplicado una ligera rebaja de tipos, que mantiene a Madrid con la presión fiscal nominal más baja en España, con porcentajes que van desde el 18% al 44,5% frente a la horquilla del 23% al 49% que se aplica en Euskadi.

El recién reelegido presidente de Andalucía, Juanma Moreno (PP), también prevé una acción similar para el próximo ejercicio y ha manifestado su deseo de imitar la política fiscal madrileña, que puede llevar a bonificaciones muy importantes en el Impuesto de Patrimonio y también a rebajas en el de Sucesiones.

Mientras tanto, las diputaciones forales mantienen aparcada la reforma fiscal y hace ya algunos meses el consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, descartó que se vaya a producir a corto plazo. Eso significa que 2023 seguirá -salvo pequeños retoques como los comunicados ayer- con el esquema vigente.

Lo mismo ha sucedido en el Gobierno central, que ha decidido meter en el cajón un informe elaborado por expertos que iba a servir de base a la reforma y en el que se abogaba, por ejemplo, por un aumento de la presión fiscal sobre los combustibles. No parece el momento más adecuado. Por otra parte, el impulso a los planes de pensiones de empresa, que se había enarbolado como una de las piezas principales de esa reforma en el País Vasco, tampoco ha calado lo suficiente como para exigir un retoque legislativo de urgencia. La negociación colectiva está centrada ahora en los incrementos salariales inmediatos en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, lo que deja poco margen para alentar las medidas de ahorro a largo plazo. Una opción que, además, ni los sindicatos abrazan con entusiasmo ni las empresas parecen dispuestas a afrontar porque consideran que es un aumento adicional de costes.