Euskadi aprueba un alivio fiscal de 250 millones para afrontar la crisis de la inflación
841.000 vascos tendrán una bonificación de hasta 200 euros para un IRPF que ajustará un 4% todos sus tramos
«Que todas las personas y familias van a disponer de más dinero en su bolsillo». Con esa elocuente frase trató de explicar este jueves el lehendakari Urkullu el objetivo de las medidas fiscales pactadas entre diputaciones y Gobierno vasco. Un paquete que, de 'facto', supone reducir el pago de impuestos de modo generalizado a través de un ajuste en el IRPF que, a pesar de todo, no termina de contrarrestar el impacto de una subida de precios que ronda el 10%. Y es que la medida estrella de las presentadas es la deflactación de los tramos de tarifa del IRPF en un 4% que se añade al 1,5% fijado enero y que acumula un 5,5% para este 2022. Ya en septiembre se ajustará en este sentido la tabla de retenciones en los rendimientos de trabajo, con lo que los trabajadores verán algo más engordada su nómina. La medida supone un alivio fiscal y cambiar el paso abriendo un nuevo escenario en Euskadi que contrasta con la posición del Gobierno de España que no ha tocado este aspecto del impuesto. Solamente algunas comunidades gobernadas por el PP, como Madrid o Andalucía han utilizado el recurso a la deflactación de los tramos de tarifa del IRPF. El movimiento había sido reclamado por algunos partidos de la oposición y varios expertos habían señalado esta vía como una forma de aliviar el impacto de la subida de precios, más en un escenario en el que las recaudaciones de las haciendas vascas suben superando techos históricos empujadas, entre otras cosas, por el IPC y su efecto en el IVA.
Bonificaciones de 200 euros
Además, las instituciones vascas han anunciado bonificaciones de hasta 200 euros en la renta para los contribuyentes con ingresos inferiores a 30.000 euros y que se mantendrán en tramos descendentes hasta los que ingresen 35.000 euros. Una vía a la que podrán acogerse hasta 841.534 vascos que según los datos de las haciendas forales presentan esas condiciones. 396.757 en Bizkaia, 304.048 en Gipuzkoa y 140.729 en Álava.
Autónomos y empresas
Los autónomos, se verán exonerados de presentar los pagos fraccionados del tercer y cuarto trimestre de este año. Al igual que las empresas cuya facturación no supere los 50 millones.
El coste fiscal de estas medidas ha sido valorado por las diputaciones en 250 millones de euros, 140 millones que aliviarán el pago de impuestos de todos los contribuyentes y, por otra parte, 110 millones que están dirigidos para personas más vulnerables por su situación social y económica.
Es el primer movimiento de las haciendas vascas desde que estallara la crisis de precios y energía que contempla una bajada en la factura fiscal al ciudadano generalizada. Hasta ahora, las medidas habían sido enfocadas a colectivos más afectados y a aplazamientos de pago, pero no con un tinte de bajadas generalizadas. En cualquier caso, Urkullu insistió en su carácter «coyuntural» . El lehendakari recordó que está pendiente el debate fiscal general para el que se requiere un escenario más calmado. De momento, explicó, «analizamos la situación con la esperanza de que las medidas sean coyunturales». Respecto al futuro, Urkullu insistió en que las administraciones seguirán analizando la evolución del cuadro económico y la eficacia o no de las medidas adoptadas para, en su caso ampliar el rango de acción.
La voluntad del Gobierno vasco es mantener el objetivo de atención a las necesidades sociales en sus Presupuestos para 2023. Por ello, el lehendakari explicó que estas medidas y su coste fiscal para las haciendas «no irán a debilitar las políticas sociales» del Ejecutivo. Urkullu defendió que el paquete de seis medidas fiscales anunciado ayer complementa otras actuaciones inversores y de apoyo a la economía lanzadas por el Gobierno vasco. El Ejecutivo aprobó el mes pasado sus directrices económicas para elaborar las Cuentas de 2023, un ejercicio en el que se mantiene el objetivo de superar el techo de gasto de los 13.000 millones de euros para seguir favoreciendo la reactivación económica, pero con atención al endeudamiento.
En este sentido, recordó los 1.569 millones invertidos desde el estallido de la pandemia en 2020 para reforzar el sistema sanitario, de educación y apoyar a los sectores como el comercio, la hostelería, el turismo y la cultura.
Críticas de PP y ELA
Desde el Partido Popular, formación que había venido reclamando con intensidad la deflactación en el IRPF, «la medida llega tarde» y puede quedar en un movimiento «cosmético» con poca eficacia. En este sentido, la formación de centro derecha señala que 250 millones es una cantidad pequeña en comparación con los crecimientos de recaudación generados hasta ahora.
Por su parte, el sindicato mayoritario en Euskadi, ELA, calificó las medidas como «fraude» porque el ajuste del IRPF queda muy lejos de la inflación. La central nacionalista ha acusado a las administraciones vascas de no impulsar una fiscalidad que «grave de verdad al capital y al patrimonio».
