Bizkaia confirma el derrumbe de la recaudación de impuestos con un descenso del 19,4%

La pérdida de un 20% en los ingresos fiscales de este año es una estimación que circula desde hace tiempo por los departamentos de Hacienda del Gobierno vasco y de las diputaciones forales. Supondría perder una cifra en el entorno de los 3.000 millones de euros para el conjunto de las arcas públicas vascas y un recorte en el capítulo de ingresos del Gobierno vasco de algo más de 2.100 millones de euros. Un auténtico mazazo en la liquidación de las cuentas de este año que habían sido elaboradas con la premisa no sólo de alcanzar el déficit cero sino de un ligero superávit. Hace tiempo ya que esa fotografía se ha cambiado por la del déficit abultado.

Habitualmente, los datos que arroja la estadística de ingresos fiscales de agosto suele servir para que la Administración vasca haga una estimación de lo que sucederá en el resto del año y también para dibujar la fotografía del ejercicio siguiente. Es, año tras año, la base fundamental de los cálculos que hace el Consejo Vasco de Finanzas –donde Gobierno vasco y diputaciones se sientan a hablar del flujo de fondos disponibles-, que debe reunirse en la primera quincena de febrero. Este año, sin embargo, los responsables de las haciendas vascas van a tener que apurar algo la 'frenada' y esperar a los datos que arroje el cierre de septiembre –que al menos ya incorporará una fotografía más real del IRPF e incluso de la evolución del consumo- para establecer las cifras que servirán como referencia de los presupuestos públicos de 2021.

Tan sólo hay un elemento positivo en las cifras que ha facilitado hoy la Hacienda foral vizcaína, ya que una parte de ese revés fiscal no es tal ya que oculta un enorme volumen de aplazamientos en los pagos. Así, una parte de la caída hay que achacarla al frenazo y ralentización de la actividad económica, pero otra a la flexibilidad en los plazos de pago de los contribuyentes. De aquí a finales de año se recuperará por tanto una parte de los ingresos que no se han contabilizado ahora, aunque se verá con más crudeza el impacto real del hundimiento de la actividad económica y de un despegue lento. En el IRPF se han eliminado los pagos a cuenta de los autónomos durante los dos primeros trimestre y se ha aplazado hasta el 30 de septiembre el pago de las declaraciones de Renta con resultado de ingreso. En este impuesto y también en el IVA se han concedido aplazamientos a pymes y autónomos por un periodo de nueve meses para la declaración trimestral que debía abonarse en abril y, además, en Sociedades se han flexibilizado también las fechas de declaración e incluso se han concedido deducciones para cubrir las estimaciones de pérdidas de este año. Por último, en Patrimonio también se ha aplazado el pago hasta el 30 de septiembre.

Fruto de esta mezcla de situaciones, los ingresos por IRPF han descendido un 13,8% -el impacto de las declaraciones positivas es evidente-, mientras que las retenciones del trabajo han crecido el 1,2% y las derivadas de las ganancias patrimoniales un 82,4%. Un efecto éste último que puede estar ligado a las ventas masivas de activos financieros desde principios de marzo, en previsión de pérdidas abultadas, para situar los ahorros en posición de liquidez.

En Sociedades el retroceso es del 26,6%, mientras que en los impuestos directos, principalmente ligados al consumo, también se registran caídas aunque algo menos acusadas. Los ingresos por IVA han descendido el 17,1% -también influenciados por los aplazamientos-; el de hidrocarburos, que está ligado a los litros de combustibles que se consumen, ha descendido el 14,3% y el de electricidad el 13%.