Euskadi prepara una ley que limitará por primera vez la fuga de empresas que han recibido ayudas
El Parlamento vasco trabaja en una norma que en sus primeros bocetos ha levantado duras críticas de Confebask, que la ve «injusta»
Julio Díaz de Alda
Lunes, 31 de julio 2023
Con la necesidad de mantener el arraigo de nuestras empresas en el epicentro de todos los discursos, el Parlamento vasco ha iniciado la tramitación de ... una Ley 'antideslocalizaciones' que se presenta insólita. Y es que, según confirman fuentes parlamentarias, es la primera vez en la historia que el legislativo pone el foco sobre este siempre espinoso asunto. Las mismas fuentes aseguran que la voluntad es que la norma salga adelante, idea expresada también por el Gobierno vasco. Como siempre, el diablo se esconde en los detalles, y aunque queda mucha negociación por delante, el nudo gordiano del asunto parece centrarse en el manejo de las subvenciones y las ayudas públicas que hubieran recibido las firmas que optaran por marcharse del País Vasco. Por ahora, la patronal vasca (Confebask) ha mostrado en sede parlamentaria su descontento con el proyecto, tachándolo de «injusto» y «desproporcionado».
La iniciativa legislativa la presentó EH Bildu en forma de Proposición de Ley el pasado 15 de marzo, cuando la actualidad económica y empresarial estaba protagonizada por un solo nombre: Ferrovial. La constructora de la familia Del Pino anunciaba que quería dejar España para trasladarse a Ámsterdam argumentando que desde Países Bajos podría acceder con mayor facilidad a la Bolsa de EEUU.
La propuesta inicial registrada en el Parlamento vasco incluía para aquellas empresas que deslocalizaran fábricas o producción la obligación de devolver el dinero público recibido en los diez años anteriores.
La ley 'antideslocalizaciones' se tramita hoy en paralelo a la Ley Vasca de Subvenciones en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, aunque es previsible que ambos asuntos queden subsumidos en una única norma, la de subvenciones. Asumida ya por el conjunto de la Cámara vasca, aunque en su día PP-Ciudadanos y Vox votaron en contra de su tramitación, la propuesta está en fase de enmiendas (hasta el 8 de septiembre), tras haberse realizado varias comparecencias de expertos ante la comisión para realizar sus aportaciones.
Consultada por este asunto, la portavoz jeltzale en la comisión de Economía y Hacienda, Alaitz Zabala, asegura que «la voluntad del PNV y del PSE, con el que vamos al unísono, es que se legisle, que algo salga adelante». Eso sí, aclara que en la historia parlamentaria también hay iniciativas que no terminan de prosperar. «Ya veremos lo que sale», señala, para insistir en la voluntad de su grupo de que haya ley, siempre «dentro de la norma de subvenciones» y «sin afectar a la competitividad del país».
La idea inicial es obligar a las firmas que abandonen Euskadi a que devuelvan las ayudas públicas
En busca de menores costes
La propuesta ponía el foco en que «muchas empresas han abandonado nuestro país y situado sus lugares de trabajo en el extranjero con el objetivo de incrementar los beneficios recortando gastos de mano de obra y de costes provocando graves consecuencias en el tejido industrial». «El Gobierno Vasco está obligado a arbitrar los medios para hacer frente a las consecuencias de esta situación», añadía.
Tras recordar que el Parlamento Europeo ha solicitado que las empresas que deslocalicen actividades «queden excluidas de los fondos estructurales o de las ayudas estatales hasta que hayan transcurrido siete años desde la deslocalización», la proposición de ley sugería situar ese límite un poco más allá.
Leire Pinedo, parlamentaria de EH Bildu en la comisión de Economía y Hacienda, explica a este periódico que el 'leit motiv' de la norma es que «el esfuerzo público en ayudas a las empresas se traduzca en que estas avancen, pero con arraigo y que no se vayan al día siguiente».
No tiene la misma idea la patronal vasca, como mostró la comparecencia de Pablo Martín y Virginia Mugica, responsables de los departamentos de Economía y Jurídico y de Relaciones Laborales de Confebask. Ambos tacharon la norma de «injusta» y «desproporcionada», y pidieron que se «legisle en positivo, desde el fomento a la actividad empresarial» y no «desde las sanciones».
El Gobierno aboga por legislar dentro de los límites europeos
El Gobierno vasco, favorable desde el inicio a la toma en consideración de la iniciativa sobre deslocalizaciones, también se ha pronunciado de forma preliminar sobre la misma para explicar que las normas europeas al efecto ya son «adecuadas» y que traspasar ese marco con nuevas o más estrictas condiciones «pondría a Euskadi y a nuestras empresas en inferioridad de condiciones». A su entender (así consta en un informe con fecha del 4 de abril), «vivimos en un mundo globalizado, lo que hace que la competitividad de las empresas tome también esa dimensión global».
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