La complejidad del préstamo de la Sepi retrasa la entrada de Jainaga en Talgo hasta otoño

Pero, la realidad, marcada por los trámites, las negociaciones y la validación de la Abogacía del Estado, es más terca. Jainaga no aterrizará en la propiedad de Talgo antes del mes de octubre de este año. Así lo señalan a EL CORREO diversos agentes que participan en las negociaciones. Y no es un problema de voluntad política. Todo lo contrario. La determinación de los gobiernos central y vasco se ha convertido en garantía para asegurar que el consorcio vasco -formado por el industrial, el Ejecutivo autonómico y las fundaciones BBK y Vital- acabe adquiriendo al fondo Trilantic su participación dominante en la empresa, tal y como firmaron en el preacuerdo del 14 de febrero.

Pero esa operación por la que Trilantic percibirá 156 millones -ampliables a 183- está condicionada a resolver la situación financiera de Talgo, con más de 400 millones de deuda agravada por la multa de Renfe de 116 millones por los retrasos en las entregas de los trenes Avril. Eso es condición imprescindible.

El pasivo del fabricante y la multa -a pagar en siete años desde 2031- pesan en la refinanciación global y los bancos piden más. Ahí entra la Sepi, con la que se negocia un préstamo participativo convertible. Es decir, con unos intereses que fluctuarán en función de los beneficios de Talgo y cuya garantía se pueda ejecutar con la entrada del organismo estatal en la empresa a través de la adquisición de acciones.

La operación es compleja y, fuentes cercanas a los asesores, explican que debe esquivar un trato de favor del Gobierno que pueda entenderse como ayuda de Estado. Un elemento que vigila de cerca la Abogacía del Estado, pero también otros fabricantes de trenes como Alstom o Stadler.

Además de la dificultad del diseño de ese esquema financiero, hay que atender a los requerimientos que la ley fija para el proceso. Y es que ese préstamo de la Sepi que completa el esquema de financiación de Talgo, luego debe tramitarse desde su consejo de administración y, al conllevar la venta de títulos de la compañía, requiere también de una autorización expresa de la junta de accionistas. Hay que recordar que esta tiene la obligación legal de convocarse con 30 días de antelación, lo que retrasa todo el proceso al menos un mes.

Y todo esto ha coincidido con una situación excepcional porque el consejo de administración de Talgo quedó sin capacidad tras la pérdida de seis miembros en lo que llevamos de año entre dimisiones para evitar conflictos de intereses por la venta, finales de mandato y un fallecimiento. Por eso ayer se celebró una junta extraordinaria de accionistas que sirvió para ratificar a María José Zueco y Mario Álvarez García como miembros del consejo, completado por el presidente, Carlos de Palacio, el consejero delegado, Gonzalo Urquijo, y Marisa Poncela y Antonio Oporto.

El nuevo órgano de gobierno deberá convocar con urgencia al máximo órgano de decisión de la empresa para ratificar las cuentas de 2024. Unas cifras que arrojaron unas pérdidas de 112 millones tras la provisión realizada por la multa de Renfe.

Mientras tanto, a pesar de que Talgo hizo público el 28 de mayo su mayor contrato con 2.400 millones en trenes para el operador 'low-cost' Flix, la situación de la empresa se complica. La tesorería se agota y pesan los avales sobre los pedidos, así como nuevos retrasos en entregas, como la de los trenes para Deutsche Bahn. La compañía negocia con el operador teutón una reducción del pedido, pero el último aplazamiento obliga a entregar a partir de agosto las primeras piezas contratadas. Eran hasta 95 unidades por 2.000 millones.

El parón afecta también a numerosos proveedores vascos de Talgo, que tiene en la localidad alavesa de Ribavellosa su principal planta de fabricación.