El cambio a asalariados en Glovo siembra la incertidumbre entre los repartidores

«Nos han enviado un contrato por correo electrónico y ahí nos avisan de que, si no lo firmamos -les dan un plazo de 7 a 10 días-, se lo toman como una baja voluntaria», advierte un trabajador frente a las puertas del sindicato ELA en Bilbao, al que acudía con otros afectados para recibir asesoramiento. «No hay otra opción: es un 'lo tomas o lo dejas'».

La amenaza es clara. Se arriesgan a perder la cuenta bajo la que operan desde hace años. Esta semana Glovo trasladó a EL CORREO que quienes firmen el contrato -ya lo han hecho más de 5.000 personas de las 35.000 que estiman en toda España- podrán mantener el tiempo que lleven trabajando. El lado oscuro de la propuesta reside en que el convenio estatal que quieren aplicar es el de mensajería, aprobado en 2006, y que los sindicatos ya dan totalmente por caducado.

«Se les debe aplicar el convenio provincial de hostelería», subraya Uxue Bejarano, de LAB. «Se tiene que aplicar un porcentaje de jornada teniendo en cuenta la realizada durante el último año, y se le deben diferentes cantidades de los últimos ejercicios por la no aplicación del convenio. Llevamos meses reclamando estas cantidades», remarca.

Para muchos 'riders', sin embargo, la pelea se centra más que nada en las horas de trabajo. Hasta ahora muchos operaban hasta siete días a la semana en turnos que se podían estirar 12 horas. Glovo ofrece, en cambio, jornadas semanales que tienden a rondar entre las 14 y las 20 horas. Surgen de un cálculo basado en su media, detalla la empresa, que también añade que «se les ofrece la posibilidad de solicitar más horas si así lo desean».

El problema, de nuevo, es la falta de respuesta a los mensajes que envían los trabajadores. «Llevo tres años en Glovo con jornadas diarias de entre 8 y 12 horas y me ofrecen un contrato de 14 para toda la semana, pero es que no tengo una cara visible a la que acudir», denuncia un trabajador que evita dar su nombre por temor a las repercusiones. «Ha habido gente que ha realizado este tipo de declaraciones y ha sido amenazada con el cierre de su cuenta», asegura.

Menos horas de trabajo que se traducen en salarios mermados. «Calculamos que vamos a cobrar la mitad», señalan los afectados. Desaparecerían bonus como el que reciben en caso de lluvia, y no se contemplaría la nocturnidad. «El papel de inspección de trabajo tiene que ser aún más exhaustivo», demanda Bejarano. «Su situación es insostenible».

Hasta ahora los más de 200 'riders' que el colectivo estima que trabajan en Bilbao y ciudades colindantes -en todo Álava CC OO lleva contabilizados unos 180-, no habían unido fuerzas. «Ésta es la primera vez que nos juntamos en Bilbao. Hasta ahora la gente no se atrevía a hacerlo por miedo a las represalias», admiten.

El miedo no se reduce a perder la cuenta. Hay otro factor clave. La inmensa mayoría de los trabajadores son de origen extranjero. «Muchos tienen miedo a darse de baja como autónomos», añaden. Temen caer en un vacío jurídico que afecte a sus autorizaciones de residencia mientras se tramitan los contratos. Y eso sin contar otra problemática muy extendida, la de las cuentas alquiladas.

Son aquellas en manos de personas que tienen la nacionalidad y que bajo pago ponen a disposición de trabajadores extranjeros para que puedan cubrir sus gastos mientras regularizan su situación. Gran parte de los 'riders' han pasado por esta situación, pagando para disponer de una cuenta en Glovo. «No lo vamos a defender, pero lo cierto es que tampoco a quienes las alquilan les sale a cuenta. Suele ser gente que ya ha conseguido otro trabajo y que usa el dinero que cobran por ellas para pagar los impuestos que les genera», justifican. Según detallan, en estos casos a las Haciendas vasca les aparecen unos ingresos que, sumados a sus sueldos reales, pueden llegar a superar «los 4.000 euros», disparando de esta forma su IRPF.

A través de sus denuncias, los sindicatos forzaron la necesidad de regularizar a los empleados de Glovo, pero éstos no quieren permitir que la oferta lanzada ahora «se convierta en un blanqueamiento para la empresa, sin asunción de los daños». «Pedimos la apertura inmediata de una mesa de negociación y que se prohiba cualquier presión para firmar un contrato», reivindica desde CC OO, Carlos Rodríguez. También UGT promete «estar pendiente».