El BBVA cree que no se pudo fichar al excomisario Villarejo al margen de Francisco González

Según Fraguas, responsable de los servicios jurídicos del BBVA en España, era «difícil que la dirección» no supiera de la contratación de José Manuel Villarejo, que percibió unos diez millones de euros por servicios parapoliciales llevados a cabo para el banco entre 2004 y 2017. El representante legal de la entidad, además de a Corrochano –en libertad bajo fianza de 300.000 euros por este caso y antiguo compañero de Villarejo en el mando policial–, señaló como responsable de los contratos con el expolicía al exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias Antonio Béjar y, de forma más tangencial, al exconsejero delegado Ángel Cano, que también habría estado al tanto de los mismos.

Adolfo Fraguas declaró por espacio de cinco horas ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y los fiscales anticorrupción en nombre del BBVA, investigado como persona jurídica por delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Fraguas, al igual que hizo el 20 de noviembre, detalló la auditoría llevada a cabo por la entidad cuando se conoció la existencia de los contratos con Cenyt, la sociedad de Villarejo y su socio Rafael Redondo, en mayo de 2018.

La declaración de Fraguas, que continuará otro día, se extendió, según informa Mateo Balín, por los «abundantes detalles» que está aportando no sólo sobre las contrataciones, sino sobre el papel que habrían jugado empleados y altos cargos supuestamente implicados, el conocimiento que tuvo la entidad de los hechos o las medidas que adoptaron, si es que las hubo, para cancelar los presuntos trabajos de espionaje.

Según comentaron fuentes jurídicas, el abogado expuso el informe 'forensic' realizado por la consultora Price Waterhouse Coopers y los despachos Garrigues y Uría Menéndez. La estrategia pasa por marcar distancias con la gestión de la etapa de Francisco González, lo que incluye la puesta a disposición judicial de los correos corporativos intervenidos o los interrogatorios realizados a sus empleados para aclarar los hechos.

Los contratos iban desde tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de Sacyr hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores o analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.