La irrupción del Gobierno en la opa de BBVA: una operación de 14000 millones soportada en 25 folios

Esto también se refleja en la evolución en Bolsa de ambas entidades en estas jornadas de máxima inquietud. Las acciones siguen correlacionadas y sin grandes movimientos, que sería lo habitual en un caso como este. «Eso es porque el mercado espera novedades o más aclaraciones sobre las medidas que, sinceramente, fueron muy difusas», apunta otro gestor de fondos nacional a este diario.

Sorprende sobre todo que el Ejecutivo sostenga su injerencia en una operación de 14.000 millones de euros en tan solo dos folios que se hicieron públicos en la CNMV y un informe que solo llegó a las partes interesadas -y al que accedió este diario- de 25 páginas. En ellas se justifica el veto temporal a la fusión en factores como la «reducción sustancial» del crédito a pymes que se produjo en anteriores fusiones, considerando a Sabadell como entidad «relevante» porque suministra un 7,48% de la financiación a este segmento.

También se habla de la necesidad de proteger el empleo, estableciendo que BBVA no podrá realizar despidos masivos -habituales en estas concentraciones- durante el periodo establecido. Y no queda claro si BBVA podrá finalmente integrar la plataforma tecnológica del Sabadell, poniendo en riesgo la mayor parte de unas sinergias que son el motor de cualquier opa.

Hay otra serie de puntos que, cuanto menos, han causado sorpresa en los corrillos financieros, al interpretarse que han sido incluidos en el documento «para rellenar». Entre otros, se apunta al «coste para la Seguridad Social en términos de mayor gasto en prestaciones por desempleo y menos ingresos por cotizaciones sociales, contrario al interés general». También justifican que Sabadell tiene participación en una empresa que facilita el alquiler asequible a 23.000 familias. Y menciona el posible impacto para los proyectos de la obra social, para una entidad que no destaca especialmente en este segmento dentro del sector.

El Gobierno sí reconoce la posibilidad de que, si la opa sale adelante con el visto bueno de los accionistas, BBVA modifique el consejo del Sabadell, siempre que se garantice la independencia para que esos consejeros actúen para maximizar la rentabilidad de la catalana, que seguiría compitiendo con BBVA, tanto en crédito como en depósitos. Aunque el artículo 10 de la Ley de Defensa de la Competencia sí autoriza al Gobierno a intervenir en operaciones, existen dudas legales sobre si esa irrupción es necesaria para proteger el interés general, sobre todo tras las condiciones ya impuestas por la CNMC y con muchas dudas sobre quién vigilará que todo esto se cumpla.

De ahí que BBVA mantenga abierta la vía judicial ante la posibilidad de que el Gobierno se haya extralimitado. «En nuestra opinión, el veto a la fusión disminuye el atractivo de las compañías españolas de cara a los inversores. Aunque se trata de un movimiento legal, choca directamente con el derecho de decisión de los propietarios del banco», añaden los analistas de XTB.

BBVA se prepara así para un consejo en el que tendrá que tomar una de las decisiones más cruciales de la 'era Carlos Torres': retirar la opa, mantenerla o mejorarla para asegurarse el apoyo de los accionistas. En todo caso, los motivos del Gobierno para vetar la fusión -que tampoco garantizan que al cabo de tres o cinco años se produzca esa unión- han dejado serias dudas sobre el impacto de estas medidas en las sinergias y, por tanto, en el próximo paso que pueda dar el banco vasco.