Las arcas de las autonomías también sufren la desaceleración económica

La desaceleración económica no parece preocupar en exceso por ahora, sobre todo al Gobierno que por boca de la ministra de Economía, Nadia Calviño, le ha restado importancia calificándola solo de una «ligera» ralentización -el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 0,7% el segundo trimestre, probablemente lo hará una décima menos el tercero y puede incluso que pierda dos durante el cuarto (0,5%)-. Sin embargo, y no entrando en «los mensajes alarmistas sobre un cambio de tendencia» que ha criticado la máxima responsable de las cuentas del Ejecutivo, lo cierto es que sus efectos se están notando ya en muchos ámbitos, más allá de «todos los componentes» del PIB como advertía el viernes el Banco de España pese a afirmar que todavía existe «cierto margen adicional para prolongar» la recuperación.

Por ejemplo, en algunos aspectos de la recaudación impositiva de las administraciones públicas ya ha empezado a acusarse un descenso del ritmo y ello, a su vez, se ha trasladado a los recursos que las comunidades autónomas vienen recibiendo del sistema de financiación, que aunque siguen al alza crecerán este año casi la mitad de lo que lo hicieron el último ejercicio. Así lo estima, al menos, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un estudio realizado por su director, Ángel de la Fuente, uno de los miembros de la comisión de expertos que durante el último Gobierno elaboró un informe con propuestas para reformar precisamente ese mismo sistema.

Según sus conclusiones, en 2017 los recursos aportados por esos fondos a las administraciones territoriales registraron un crecimiento anual del 7%, triplicando año con creces la tasa de subida de 2016 (2,1%), mientras que en lo que va de año apenas alcanza el 4% (en concreto, un alza del 3,8%). Hablamos en términos de caja, esto es, sumando las entregas a cuenta correspondientes a cada ejercicio y también los ingresos por liquidaciones de ejercicios anteriores percibidos durante el mismo.

La estimación de 2018, no obstante, todavía es provisional por lo que De la Fuente se centra en el análisis de las cuentas de los últimos años. Así, se centra en una comparativa homogénea con los datos de los años anteriores y destaca que Canarias es la comunidad que sale mejor parada en el último ejercicio con datos cerrados, en este caso 2016, donde recibió un 5,4% más de fondos por habitante. En el extremo contrario, resalta los «retrocesos significativos» de Galicia, Extremadura, La Rioja y Cantabria, donde la financiación por persona con cargo a ese año se redujo entre un 1,8% y un 3% respecto a 2015.

La razón de esa caída fue la caída del llamado Fondo de Suficiencia por la supresión del impuesto general sobre el tráfico de empresas (ITE), un factor que resultó más negativo para las regiones donde tenía mayor peso. Volviendo a 2018, Canarias se mantiene como la comunidad más favorecida en el reparto de dinero -haciendo honor a su apodo de islas afortunadas-, con un 9% más, lo que contrasta con la ralentización significativa que se registra en las subidas de las asignaciones correspondientes a la Comunidad Valenciana (1%), La Rioja (1,4%) y Extremadura (1,6%).

Conscientes de esta evolución dispar, los presidentes de media docena de autonomías reclamaron esta semana una mejora de la financiación que les correspondería. Fueron precisamente los seis territorios que presentan mayores problemas demográficos porque sufrir problemas de despoblación pese a comprender una gran superficie de kilómetros cuadrados -casi el 51% del territorio pero solo el 21% de los habitantes de España-: Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y La Rioja. Su demanda principal es que los fondos que reciben anualmente se aproximen al coste real de los servicios públicos que prestan.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene en su agenda para esta legislatura reforma ese sistema de financiación, pese a que en un primer momento el líder del PSOE sí jugó con esa posibilidad. Como mucho, ha anunciado que tratará de resolver problemas puntuales en negociaciones bilaterales con cada comunidad -en esa línea se plantea habilitar un crédito extraordinario de 2.500 millones de euros en 2019 para compensarlas por la pérdida de ingresos en el IVA a raíz de la automatización del sistema de información-, además de relajar un poco más la regla de gasto para las administraciones locales tras los tímidos pasos que ya dio el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a raíz de la presión insistente de los propios ayuntamientos.