Aluvión de proyectos eólicos en Euskadi en un momento de máxima «emergencia energética»

Tras la pandemia se han activando catorce proyectos eólicos que se han presentado en el último año ante la Administración vasca. Están impulsados por cinco empresas para desarrollar cerca de 400 megavatios (MW) de potencia, lo que supone casi triplicar la generación de los molinos eólicos que funcionan hoy en Euskadi. En la mayoría de casos se encuentran en el 'procedimiento de competencia', que no es más que una especie de declaración de intenciones, el inicio de un largo camino administrativo.

Europa se ha marcado para 2030 el objetivo de generar con fuentes renovables un 30% de la energía que consume, pero Euskadi está muy lejos aún. Actualmente alcanza el 9%, alrededor de 600 MW. La apuesta del Gobierno vasco, según se recoge en su documento 'Estrategia Energética de Euskadi 2030', es elevar esa cifra en 2030 hasta los 1.890 MW. Un crecimiento que se apoya especialmente en la energía eólica, que casi quintuplicaría los 153 MW instalados hoy, hasta alcanzar los 730 MW.

El reto no es sencillo, dado que desde 2006 no se construye un parque eólico en Euskadi y cada vez que se conoce una iniciativa surgen problemas de oposición en la sociedad y los municipios afectados.

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, señalaba esta semana en el Parlamento que «los objetivos no están en duda, y se van a cumplir». Para ello reclamaba una apuesta por las renovables «no solo de palabra, sino también con hechos».

De momento, las iniciativas más firmes son las lideradas por Iberdrola y el Gobierno vasco en la sociedad que comparten, Aixeindar. De hecho, son los únicos proyectos que hasta el momento han ido superando trámites y están en previsión de arrancar las obras ya este mismo año. Son los parques de Azaceta y Labraza, con 40 MW cada uno y una inversión estimada de 70 millones de euros, ambos en el territorio de Álava.

Además, la eléctrica vasca ha colocado una antena de medición para analizar el emplazamiento del monte Jarindo, en la localidad alavesa de Aramaio. Y es que la sociedad liderada por Iberdrola contempla desarrollar al menos otros tres proyectos en Euskadi.

La compañía que más derechos se adjudicó en las subastas de renovables convocadas por el Gobierno central ha presentado ante el Ejecutivo vasco interés por hasta siete emplazamientos. Cuatro de ellos se encuentran en Gipuzkoa y tres en Álava. Son proyectos que sumarían un total de 130 MW y supondrían una inversión de más de 100 millones de euros. Una de las características de estas instalaciones es su reducida potencia, que, con el uso de grandes aerogeneradores, permiten parques pequeños con un máximo de cuatro molinos.

La empresa vasca liderada por Pedro Barriuso, el que fuera director del negocio de renovables de Iberdrola hasta 2006, ha registrado la posibilidad de desarrollar dos parques eólicos. Uno en Bizkaia, en Arcentales; y el otro en Álava, en Añana. Entre los dos suman una potencia de casi 100 MW.

Stakraft, compañía con participación pública de Noruega, es uno de los líderes europeos de renovables y hoy opera en España 500 MW, aunque sus previsiones son las de alcanzar una cartera de 3 GW. Ese plan de expansión pasa por Euskadi, donde analiza las posibilidades de un emplazamiento en los montes de Arlabán, en Álava.

El primer gran proyecto de eólica marina en Euskadi tendrá que desarrollarse en plataformas flotantes por la excesiva profundidad de la costa vasca. Saitec botará este año un prototipo de molino flotante y ya ha registrado ante el Ministerio de Transición Ecológica el interés por colocar tres aerogeneradores gigantes, de los más grandes del mercado con una potencia cada uno de 15 MW, en el mar, frente al municipio vizcaíno de Armintza.

Uno de los objetivos del Gobierno para regular este crecimiento eólico es un nuevo Plan Territorial Sectorial (PTS) que establezca lugares propicios para estas instalaciones. La oposición, especialmente EH Bildu, reclama esta herramienta y critica también la legislación que podría permitir al Ejecutivo autonómico cierto blindaje de iniciativas ante municipios declarándolas de interés público superior. La consejera Arantxa Tapia anunció esta semana que el PTS estará en agosto del 2023. Además, insistió en que, mientras tanto, sigue habiendo herramientas y tramitaciones que garantizan la protección del medio natural.