Vivienda ha adjudicado a 1.630 vizcaínos sin recursos un piso protegido

¿Pero qué significa ser beneficiario de este derecho? Principalmente que el Gobierno vasco tiene el deber de ofrecer a las familias en cuestión un piso público en el que vivir o, en su contra, una prestación económica que les permita arrendar un domicilio en el mercado libre, cuyos precios están por las nubes. En base a los últimos datos, el Ejecutivo ha adjudicado una VPO a 1.630 familias de Bizkaia, el 15% del total. Al resto, se le ha otorgado la prestación económica de vivienda (PEV) de 300 euros al mes.

El número de receptores se ha disparado de un año a otro. En 2023 tenían reconocido este derecho 5.516 vizcaínos, menos de la mitad que ahora. Aunque el Gobierno vasco asegura que los datos «no son comparables». El motivo es que en abril del pasado año se fusionaron dos subsidios para fomentar el alquiler. La Prestación Complementaria de Vivienda, vinculada a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), y por tanto gestionada por Lanbide, se integró en el programa de ayudas del Ejecutivo. Y esto ha hecho que ahora el Departamento de Vivienda haya recibido una avalancha de solicitudes.

Los principales requisitos para que el Gobierno vasco otorgue este reconocimiento es que los ingresos del solicitante no superen en cualquier caso los 13.000 euros anuales (si la unidad convivencial está compuesta por un solo miembro), los 17.000 (dos miembros) o 19.000 en caso de que en el hogar residan tres o más personas. También es necesario estar inscrito en Etxebide al menos durante tres años. En el conjunto de Euskadi 17.390 familias se benefician de este derecho, el doble que doce meses antes. A 2.866 se les ha otorgado un domicilio protegido.

El derecho subjetivo a la vivienda es uno de los pilares que se sustenta en el Presupuesto de este ejercicio. Y no es para menos. La escasez de hogares asequibles ha disparado el número de personas que necesitan acceder a un piso protegido. La lista de demandantes de Etxebide no para de crecer y ya hay inscritas más de 99.000 personas, 53.505 solo en Bizkaia. Un informe publicado hace unos meses destacaba que tres de cada cuatro demandantes confesaban destinar más del 30% de su sueldo al alquiler. Además, el Departamento calcula que al menos 32.000 solicitantes que viven en un alquiler libre tienen que hacer un sobreesfuerzo económico para pagar el arrendamiento.

El problema no parece que vaya a solucionarse en un futuro próximo. La demanda presiona a una oferta que es ínfima, disparando los precios todavía más. El propio consejero de Vivienda, Denis Itxaso, reconoció recientemente que los «tiempos del urbanismo no son los tiempos de la gente» y que por ello hay que tomar medidas efectivas hasta ampliar el parque residencial.

Una de ellas ha sido dotar de más dinero la partida relacionada con el derecho subjetivo a un piso. El Departamento cerró a finales de año un Presupuesto de 30 millones -24,8 más que en 2024- en este capítulo para garantizar que las familias con menos recursos reciben la prestación económica de vivienda correspondiente. El objetivo que se ha marcado el Gobierno vasco es extender la aplicación de este derecho a 35.000 familias.

Mientras tanto, en Bizkaia hay 5.100 pisos protegidos planificados, la mitad en régimen de alquiler, que el Gobierno vasco espera terminar en los próximos cinco años. Existen 81 promociones en marcha en una veintena de municipios.