Cómo tramitar la devolución de las multas de la Policía de Bilbao por incumplir el segundo estado de alarma

Las personas que deseen recuperar la cuantía de estas multas deberán, según explica el Ayuntamiento, ponerse en contacto con el Área de Seguridad Ciudadana a través de la dirección de correo electrónico expedientes-sanciones.ssc@bilbao.eus . En el mail deberán facilitar los siguientes datos: número de expediente o recibo abonado, DNI/NIE o pasaporte y número de cuenta donde se efectuará la devolución.

El Ayuntamiento de Bilbao explica en su nota que este requisito no será necesario para todos aquellos ciudadanos que optaron por fraccionar el pago de la sanción o que hayan soportado un cobro ejecutivo, total o parcial, puesto que el Consistorio ya dispone de sus datos. Asimismo, las personas que abonaron las multas del primer estado de alarma y que no hayan sido contactadas hasta el momento, pueden utilizar el mismo canal.

El segundo estado de alarma fue aprobado el 25 de octubre de 2020 y permaneció en vigor hasta el 9 de mayo de 2021. Durante este periodo, la Policía Municipal de Bilbao interpuso 4.610 sanciones, de las cuales, 1.222 han sido ya abonadas. Curiosamente, el pasado 11 de noviembre el Tribunal Constitucional salvaba al Estado de devolver las multas de la segunda alarma al avalar cierres perimetrales y toques de queda.

Respecto, al primer estado de alarma, la Policía Municipal, realizó 4.449 propuestas de sanción. Hasta su anulación por parte del Tribunal Constitucional, el Área de Seguridad Ciudadana había incoado 2.831 expedientes, de los cuales 2.558 habían sido resueltos con sanción y 273 archivados. De las multados, 596 ya habían sido abonadas.

El estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo habilitó a las fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró ilegal esta medida al entender que el encierro supuso una suspensión de los derechos fundamentales y no una simple limitación de los mismos, como sostuvo el Ejecutivo central en la argumentación jurídica del decreto, que la corte de garantías zanja que vulneró la Constitución.