La RENFE de Franco

La situación del sector es, cuando menos, desesperante. Escasean los materiales de todas clases, se retrasa semanas el envío de mercancías, las averías son constantes, decenas de locomotoras dejan de prestar servicio -agotadas e inútiles-, la mala calidad y escasez del carbón como combustible afecta al parque motor, y los pasajeros se agolpan en las estaciones a la espera de unos trenes que no llegan y, cuando acuden, lo hacen repletos de viajeros. Apenas han transcurrido dos años del final de la contienda, al fin y a la postre, responsable principal de este panorama.

La guerra golpea con mucha dureza al ferrocarril, que, como el resto del país, acaba dividido en dos, según queden sus vías a un lado u otro de los contendientes. La red y las principales vías de comunicación y las compañías que dirigen la gestión se rompen irremediablemente. Caminos de Hierro del Norte de España (Norte) y la Compañía de Madrid-Zaragoza y Alicante (MZA), las grandes empresas ferroviarias, se ven seriamente afectadas al quedar sus redes fraccionadas, mientras Oeste y el Central de Aragón se mantienen casi íntegramente en manos de los sublevados, que también se hacen cargo de Andaluces, que domina el sur, al poco de iniciada la guerra.

Los ferroviarios de la zona republicana, con una amplia base sindical, reaccionan de inmediato y disuelven los consejos de administración de las compañías ferroviarias y se hacen con el control de las empresas y su explotación. Apenas un mes después de iniciado el conflicto, el Gobierno decide actuar para recuperar el orden y decreta la incautación de la red ferroviaria (3 de agosto de 1936) y la unificación en una sola entidad. El Estado pasa, por tanto, a controlar la explotación del servicio y los bienes de todas las compañías privadas, para lo que se crea la Red Nacional de Ferrocarriles.

Los consejeros de las grandes empresas, a los que la guerra sorprende en territorio leal al Gobierno, se pasan a la zona controlada por los nacionales para desde allí reclamar las propiedades incautadas. Poco o nada pueden hacer para dirigir lo que queda de sus empresas puesto que la gestión del ferrocarril acaba en manos del Ejército, al igual que en el bando republicano, donde los militares deciden el destino y ocupación de los trenes.

Daños de la guerra

Aunque la mayor parte de la red está en manos de la República (de Norte el 56% y de MZA, el 81%), la columna vertebral queda en poder de los sublevados, que, salvo las líneas catalanas y valencianas, el núcleo de Madrid y los trayectos finales de las grandes compañías, dominan el resto. En cuanto al material rodante, sucede algo similar: quedan en manos del Ejército de Franco 559 locomotoras (45%) , 15 automotores (21%), 561 coches (31%), 5.568 vagones y furgones (17%) de Norte. Y, en el caso de MZA, controlan 347 máquinas (31%), 380 coches (23%) y 11.000 vagones y furgones (40%). La República dispone, por tanto, de la mayor parte de material remolcado, mientras que el equilibrio es mayor en cuanto al parque de máquinas.

Salvo algún episodio aislado, el ferrocarril es el medio más eficaz para garantizar el suministro de material y el movimiento de tropas, quedando supeditado el uso civil al ejercicio de la guerra. La intensa sobrexplotación del material produce mas daños durante los tres años de conflicto que la propia acción bélica. La inmensa mayoría de las destrucciones se concentran en la infraestructura (las estaciones sufren la peor parte por quedar en el mismo frente de batalla), no tanto por el fragor en la lucha, sino para evitar su utilización por el enemigo (viaducto de Ormaiztegi, sin ir más lejos). Norte y MZA son las más afectadas, con pérdidas supermillonarias (más de 300 millones de pesetas de la época).

Sin embargo, el deterioro del parque móvil, sobre todo el de las locomotoras de vapor, es mucho más significativo. A la escasez de material y mantenimiento (fábricas y talleres dedican su producción al material de guerra), hay que sumar la falta de personal especializado. El Ejército se preocupa más de la acción bélica que del ferrocarril. Basta un ejemplo. Los talleres ferroviarios de Valladolid anteriores al conflicto, especializados en el mantenimiento de los trenes, se dedican en los años bélicos a fabricar bombas, mientras que las factorías del cinturón de Bilbao (en manos de los sublevados desde junio de 1937) se ocupan de la reparación del material rodante. Las locomotoras de vapor exigen grandes arreglos cada 175.000 kilómetros; los retrasos acumulados y los daños por la guerra fuerzan efectuar, al menos, diez grandes reparaciones mensuales.

Al término de la contienda el ferrocarril presenta un estado lamentable. El 30% de las instalaciones resultan inservibles, las unidades fuera de servicio alcanzan el 34% en Norte y el 41% en MZA, mientras que para los coches los porcentajes de ambas son de 24% y 34%; y en los furgones, 33% y 22%, respectivamente.

La situación es alarmante. De las 1.083 máquinas de vapor de Norte, 792 necesitan alguna reparación para volver al servicio, y 291 están a la espera de una gran restauración, qe no se puede satisfacer hasta pasados varios meses de intenso trabajo. El parque de coches y furgones presenta un aspecto similar: 4.100 vehículos necesitan grandes reformas y 2.943 algún arreglo. Aunque de MZA no existen datos precisos, la situación es prácticamente idéntica, con un 30% de coches y vagones muy dañados, pero con el parque de máquinas en un estado muy deficitario.

La red férrea española necesita al acabar la contienda bélica (1 abril de 1939), como el resto de las infraestructuras del país, una actuación urgente. Pero la situación de penuria y escasez de suministros, sumada a la II Guerra Mundial, impide la reparación y mantenimiento. A esta situación hay que sumar las estrecheces económicas que arrastran las diferentes compañías que conforman el mapa ferroviario español.

La reanudación del servicio exige de una importante inversión para reparar y renovar tanto instalaciones como material móvil, así como las infraestructuras. Un mes después de acabada la guerra (8 de mayo de 1939) se forman una serie de consejos directivos para explotar las líneas de las grandes compañías (Norte, MZA y Oeste-Andaluces). Estas entidades son híbridas y el control pasa al Estado, mientras la gerencia sigue en manos de las empresas. El nuevo régimen decide compensar a los bancos que poseen las acciones de las grandes compañías ferroviarias y nacionalizar la red de ferrocarriles. Se formaliza una idea anterior a la contienda (el Gobierno de la República ya inicia estudios y planes) para fortalecer el tráfico ferroviario y acabar con la dispersión de las líneas.

RENFE (como durante años se escribe el acrónimo de la compañía estatal) agrupa las compañías de ancho ibérico (1.668 milímetros) y los ferrocarriles que explota el Estado, aunando un total de 12.401 kilómetros de vía. Se constituye la empresa con el rescate y la unificación de lo que fueron Caminos de Hierro del Norte de España (Norte), Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA), Central de Aragón, Oeste-Andaluces, Santander-Mediterráneo, Lorca a Baeza y Águilas, Zafra-Huelva, Torralba-Soria, Bilbao a Portugalete y Santurce, Desierto de San Julián de Musquiz (Triano), Alcantarilla a Lorca, Baza a Guadix, Cinco Casas a Tomelloso, Villacañas a Quintanar de la Orden, Valencia a Liria, Silla a Cullera, Villaluenga a Villaseca, Veriña a Aboño. El Estado también se hace cargo de la explotación de las líneas de Sevilla a Alcalá y Carmona, Murcia a Caravaca, Lérida a Balaguer, Huelva a Ayamonte, Zafra a Jerez de los Caballeros y Puebla de Hijar a Tortosa.

Reparaciones urgentes

El parque de material rodante de viajeros es escaso. De los 4.400 coches existentes antes del conflicto, apenas si quedan 1.750. Las series, además, son diferentes, y cada compañía dispone de sus propios códigos de numeración. Por eso, una de las principales tareas de la RENFE de aquellos primeros años es unificar la nomenclatura y numeración de todo el parque móvil. Las series más representativas de coches que ingresan en la nueva compañía son los costa de MZA, los metálicos que forman la serie 1000, los metalizados de caja de madera conocidos como verderones, y los 3000.

La situación de penuria y escasez de suministros producida por las secuelas de la Guerra Civil y la nueva contienda bélica que enfrenta a las naciones europeas impide la reparación y mantenimiento. El 14 de marzo de 1941 se crea la Comisaría de Material Ferroviario, entre cuyas primeras actividades se incluye la decisión de contratar la construcción de 120 vehículos, aunque hasta bien avanzado 1943 no puede llevarse a cabo esta tarea. En el periodo comprendido entre 1940 y 1960 se construyen un total de 520 coches, las reparaciones afectan a 1.460 unidades y las importaciones a 100. Todo esto permite que el parque ascienda a 3.370, con una edad media de entre 25 y 35 años. Entre 1941 y 1963 se construyen 691 coches que forman la serie 5000. Y a inicios de los años 1950 se fabrica la serie 6000. Un objetivo prioritario durante esos años: dejar de utilizar el material de madera que, en caso de accidente, multiplica los daños personales.

Otra de los grandes metas de la nueva compañía es dotarse de un nuevo parque de locomotoras. Durante la posguerra, la tarea se centra en reparar incluso aquellas que son consideradas como inútiles al finalizar la contienda. La Maquinista Terrestre y Marítima reparó hasta 1945 un total de 203 máquinas; Babcock & Wilcox, 173; Euskalduna, 81; Construcciones Devis, 46; Astilleros de Cádiz, 69; Unión Naval de Levante, 12; Sociedad Española de Construcción Naval (Cartagena), 2; y Altos Hornos de Vizcaya, 2. De los talleres de la red nacional, el de mayor cifra de reparaciones en el mismo período es el de Valladolid, con 728 máquinas, seguido por el de San Andrés, con 616, ambos de la antigua Compañía del Norte. Les siguen Madrid-Atocha (MZA), con 432; Málaga (Andaluces), 251; Barcelona-Clot (MZA), 204; Vigo (Oeste), 148; Valencia-Alamadeda (Central Aragón) 54; Bilbao (Bilbao-Portugalete), 5; y Villarcayo (Santander-Mediterráneo), 1. Además, en los distintos depósitos de la firma estatal se reparan 242 locomotoras.

Casi una década tarda la RENFE en consolidar el sector ferroviario. Y coincide, además, con un periodo de estancamiento de la economía española, lastrada por la escasez e intervención estatal, el mercado negro, el estraperlo, y la corrupción generalizada. El Estado, inmerso en la autarquía económica, pretende que el país sea autosuficiente, con una fuerte intervención en la vida económica. Controla la producción, el consumo, los precios, los salarios, el comercio y la inversión mediante leyes.

La compañía estatal se encarga de conducir el caótico ferrocarril de la posguerra hasta nuestros días, en un viaje que recorre 40 años de dictadura franquista y 24 de democracia hasta los albores del siglo XXI. La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles deja de existir el 1 de enero de 2005, con la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario. Se produce su segregación en dos entidades: Adif y Renfe Operadora.