Rementeria defiende al diputado de Acción Social tras su imputación: «No me voy a escandalizar»
Critica a EH Bildu por querer convertir «la tribuna de las Juntas en un tribunal» para Sergio Murillo, imputado por la retirada de una custodia antes de ser designado
El nuevo diputado de Acción Social, Sergio Murillo, se convirtió este miércoles en el protagonista involuntario del primer pleno de control de la legislatura. Fue ... como consecuencia de una regunta oral que EH Bildu trasladó al diputado general, que no se anduvo por las ramas a la hora de contestar. La portavoz abertzale, Bea Ilardia, quería saber si Unai Rementeria conocía la imputación de Murillo por la retirada de una custodia en 2017 cuando le eligió como sustituto de Isabel Sánchez Robles al frente del departamento, y el máximo responsable foral fue más que claro al respecto. «Lo conocía, conozco cómo funciona el área, cómo trabajan los profesionales y cómo se decide», afirmó. Y fue más allá. «Cada año se toman miles de decisiones. 80.000 el pasado. Decisiones que buscan lo mejor para las personas a las que les afectan», añadió.
La causa abierta por la Audiencia Provincial de Bizkaia en la que figura como imputado por un presunto delito de prevaricación el nuevo diputado se remonta a su etapa como responsable de la Dirección General de la Autonomía Personal, cuando avaló la retirada de la custodia de una niña a su madre. Hace dos años Irune Costumero denunció a los principales responsables del Servicio de Infancia de la Diputación por ordenar quitarle la tutela de su hija, que entonces tenía 5 años, y otorgársela al padre. La Administración consideraba que la pequeña estaba desprotegida y que Costumero ejercía sobre ella el denominado síndrome de alienación parental, que consiste en manipular a los menores para que rechacen al otro progenitor. Desde entonces, sólo puede estar con la niña «ocho horas a la semana, vigilada». La demanda fue sobreseída hasta en dos ocasiones, pero un recurso reabrió el caso a finales de 2018. El procedimiento permanece a la espera de que se ponga fecha para el juicio.
Rementeria recordó en el pleno de las Juntas Generales que la decisión por la que se investiga a Murillo se tomó en base a cinco informes técnicos que competen a tres instituciones diferentes: la Diputación, el juzgado de Barakaldo y el Ayuntamiento de la segunda urbe vizcaína. Y dio por zanjado el asunto. Pero en el turno de réplica Ilardia elevó el torno.
Presunción de inocencia
«No atañe a estas Juntas desvirtuar la presunción de inocencia del señor Murillo», manifestó visiblemente indignada la portavoz de EH Bildu antes de leer ante la Cámara algunos extractos del auto judicial, que considera «más que probables que los hechos denunciados en su día por esta madre han acaecido» y advierte que «medidas drásticas como la que no se duda se ha ejercitado en esta causa son un modo de violencia que dejan secuelas indelebles en las criaturas y las madres». Por eso cuestionó, incluso en el caso «de que Murillo resulte absuelto de la imputación penal», el mensaje transmitido por el diputado general «premiándole con este nombramiento que, les aseguro, hiela la sangre a cualquier madre residente en este territorio».
Para Bea Ilardia, un representante público «no tiene que ofrecer como toda garantía el no ser un delincuente. Hay otro nivel ético y moral que precisamos tener los cargos públicos», afirmó. Y lanzó otra cuestión a Rementeria. «¿Es esta la protección que desde esta institución se pretende dar a los niñas y niñas de Bizkaia?».
El diputado mantuvo su férrea defensa sobre el responsable de Acción Social. «No me voy a escandalizar», avisó. Para, a renglón seguido, realizar una advertencia. «Hacemos mal si convertimos esta tribuna en un tribunal». «Sí, conocía los hechos que están siendo investigados», insistió, antes de contraatacar con otra pregunta a la portavoz abertzale. «¿De qué estaríamos hablando ahora si el señor Murillo hubiera tomado una decisión diferente a lo que dicen todos los informes?», concluyó.
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