El PNV de Alonsotegi admite una «mala gestión» de su exalcalde
Los jeltzales lamentan que el Ayuntamiento tenga que devolver un millón a la Diputación, mientras que Bildu, en el gobierno, tratará de evitar el pago
La reclamación de la Diputación de un millón de euros que un exalcalde de Alonsotegi desvió a dos constructores ha removido de nuevo a la ... localidad encartada. El ente foral ha iniciado el proceso administrativo para que dicha cantidad (600.000 euros más otros 321.000 en intereses) sean devueltos por el Ayuntamiento, ya que ese dinero fue entregado en 2012 para unas supuestas obras tras una riada que no se realizaron, siendo usados para sufragar una deuda previa. Unos hechos que vuelven a hacer temblar las arcas municipales.
Este asunto fue tratado ayer en el pleno, donde estaba prevista la aprobación de una declaración institucional impulsada por el equipo de gobierno (EH Bildu), que no vio la luz por el voto contrario del PNV, ya que se necesitaba unanimidad. Desde la formación soberanista, con Unai Arregi a la cabeza, partido que precisamente denunció en su día los hechos que tuvieron como principal investigado al primer edil José Luis Erezuma, ya fallecido, proponían un texto en el que querían dejar clara la disconformidad de todo el Consistorio por esta reclamación, afirmando que «Alonsotegi no puede verse perjudicada por hipotecas que no nos corresponden», destacando además que la potestad de la Diputación para llevar a cabo esta solicitud «estaría ya prescrita».
La oposición, conformada por cuatro concejales del PNV, entre ellos el portavoz y anterior regidor Joseba Urbieta, no validó dicho documento, que abogaba por buscar fórmulas para eludir ese pago y evitar así que los vecinos «sean una vez más los perjudicados». Horas después publicaron un comunicado en el que lamentaban «profundamente» que la ciudadanía sea la que sufra las consecuencias «de aquella mala gestión». «Entendemos y compartimos que velar por la correcta utilización del dinero público es una de las obligaciones de las instituciones, en este caso de la Diputación», añadieron.
Alegaciones
Por su parte, fuentes cercanas al equipo de gobierno han apuntado a EL CORREO que presentarán alegaciones y que defenderán «hasta el final» a los vecinos. «Es injusto. Son ellos los que al final lo van a pagar con menos servicios, como ya ha ocurrido. En el proceso judicial la Diputación afirmó que el Ayuntamiento era el perjudicado, y ahora no entendemos ese cambio de opinión», señalaron, destacando que la cantidad reclamada corresponde «a una cuarta parte del presupuesto municipal».
Para abordar las consecuencias de todo lo ocurrido, el Consistorio encartado ha convocado el lunes, a las 19.00 horas, a una reunión informativa a las asociaciones del municipio, en la antigua biblioteca.
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