La Diputación reclama el millón que un exalcalde desvió a dos constructores en Alonsotegi
El Consistorio advierte de que abonar esta cantidad llevaría al pueblo de nuevo a la quiebra por un fraude impulsado «por un regidor del PNV»
La Diputación ha iniciado un proceso administrativo para exigir al Ayuntamiento de Alonsotegi la devolución de los 600.000 euros (más otros 321.000 euros en intereses) que la institución foral entregó al Consistorio en 2012 para afrontar unas supuestas obras de emergencia por inundaciones que nunca llegaron a ejecutarse. Ese dinero (en la actualidad sería casi un millón) acabó en manos de dos constructores tras un plan de engaño a la entidad que estaba entonces presidida por José Luis Bilbao.
Los hechos se remontan trece años en el tiempo y dieron lugar a un proceso penal que acabó sin culpables pese a que los jueces declararon como hechos probados que se mintió a la Diputación con informes y obras falsas para cobrar esa suma. La cantidad abonada a los dos constructores, sin embargo, se utilizó para saldar una deuda previa, por lo que los magistrados consideraron que no hubo un menoscabo de fondos públicos. Con todo, antes de la celebración del juicio, los acusados admitieron los hechos y se mostraron favorables a declararse culpables. Apoyaron un acuerdo previo que les permitía eludir la cárcel pero que nunca se elevó a definitivo. El principal investigado, el exalcalde José Luis Erezuma (PNV), falleció de una grave enfermedad antes de sentarse en el banquillo, al igual que el aparejador municipal.
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La institución foral dice que está «obligada» a exigir el dinero
La reclamación de la Diputación ha causado entre sorpresa e indignación en el Consistorio encartado, hoy gestionado por EH Bildu. Fuentes cercanas al equipo de gobierno lo interpretan como una petición extemporánea y «un castigo» al pueblo por una decisión del pasado que no fue adoptada ni por el actual regidor ni por el partido que hoy dirige la Administración local. Insisten en que es un varapalo a los representantes municipales que nada tienen que ver y a los 3.000 habitantes de la localidad, ya que el pago de esta cantidad devolvería a Alonsotegi a una quiebra técnica. El municipio tiene un presupuesto de 4,4 millones y ha mejorado su situación económica en los últimos años tras salir de una bancarrota que obligó precisamente a la propia institución foral a intervenir el Ayuntamiento y a suspender durante años cualquier inversión.
En sus palabras, no se comprende cómo la Diputación reclama ahora un dinero que un exalcalde del mismo color político que los responsables forales de hoy en día entregó a dos constructores ni cómo se hace esto «tantos años después». En esta línea recuerdan la tibia postura que durante el largo proceso judicial abierto para depurar responsabilidades mantuvo la Diputación, sostienen las fuentes consultadas. Y apuntan que la medida, además, no estaría motivada por mandato judicial alguno, ya que el caso quedó cerrado con la sentencia del 2 de mayo de 2024 por parte de la Audiencia.
Reuniones fallidas
El Ayuntamiento y emisarios forales han mantenido varias reuniones para intentar reconducir la situación, pero por ahora sin éxito. El Consistorio podría abrir una guerra judicial para eludir el abono de esta fuerte cantidad de dinero o, al menos, retrasar los pagos. Por el momento ha preparado una batería de alegaciones. La más destacable se centra en el supuesto descontrol mostrado por la Diputación a la hora de cerciorarse de que el dinero entregado se utilizaba para el fin previsto y no a otro diferente e irregular, como así sucedió al final. «Claramente se puede apreciar que sus responsables no realizaron las oportunas labores de comprobación o, al menos, no actuaron con la debida diligencia en dicha tarea, lo que contraviene las bases de la normativa». Esto invalidaría, a su juicio, el expediente ahora abierto.
Además, el Consistorio estima que los hechos estarían prescritos en cuanto al reintegro exigido. Aseguran que la devolución hay que pedirla en un plazo máximo de 4 años. El caso salió a la luz por una denuncia de EH Bildu, pasados seis años desde la concesión de las ayudas. Por último, entre otros argumentos, la Administración local acusa a la Diputación de romper la lealtad interinstitucional con esta decisión «tan lesiva» para el pueblo de Alonsotegi. El pleno municipal abordará hoy esta problemática, con una declaración institucional.
