Denuncian el desahucio exprés de una mujer con sus dos hijos en Ortuella
Según apunta la plataforma de Afectados por la Hipoteca y Antidesahucios, PAH Sendia, se han incumplido todas las medidas previas y no se ha dado tiempo a que actúen los servicios sociales
«Es la primera vez en doce años que perdemos una vivienda», contaba apesadumbrada este miércoles a EL CORREO Rosa de la Fuente, portavoz de PAH Sendia, plataforma de Afectados por la Hipoteca y Antidesahucios del País Vasco, minutos después de que en Ortuella, sobre las 10.00 horas, una mujer con sus dos hijos, uno de ellos menor, se quedara en la calle, pese a todos los esfuerzos que desde esta agrupación y desde el propio Ayuntamiento de la localidad de la Zona Minera trataron de hacer en las últimas horas.
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Un desahucio exprés que tenía todos los visos de poder haber sido parado, debido a que se trataba de una familia monoparental, con la mujer en desempleo, en emergencia habitacional y en situación de vulnerabilidad social y económica, «pero se lo han saltado todo». Según apuntan, no le notificaron en persona en el plazo de un mes la fecha del lanzamiento, y tampoco le concedieron el tiempo de prórroga para que se pudiera conseguir una alternativa habitacional y que desde el Consistorio de Ortuella se pudieran aplicar medidas sociales, como confirma a este periódico el alcalde Saulo Nebreda. «Nos enteramos este mismo lunes, y no hemos podido hacer nada», declaró el regidor, mientras trataba de ponerse en contacto telefónico con la jueza que llevaba el caso.
De la Fuente añade que además se ha incumplido el convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, Eudel y la comunidad autónoma vasca, frente a las familias vulnerables y desahucios, así como el Real Decreto ley 20/2022, cuya prórroga fue aprobada el pasado 27 de diciembre. «Tenían multitud de motivos para suspenderlo, porque no se ha aplicado ninguna medida, pero se lo han saltado todo».
Esto ha llevado a la plataforma, que en las últimas horas había informado de este caso a diversos representantes políticos, entre ellos el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a interponer una denuncia contra el propio Juzgado de Barakaldo. «Hay varios recursos pendientes pero lo han ejecutado igual. Les da lo mismo que el Gobierno central adopte medidas y reales decretos porque ellos luego no los aplican. Y no es un caso único. Hemos vuelto a tener tres o cuatro desahucios por semana», relataron ayer un tanto desesperados. «Jugamos contra árbitros comprados y contra las malas prácticas bancarias. Esto parece una república bananera».
Víctima de la crisis
La mujer, «que se ha quedado en la calle con una mano delante y otra detrás, sin saber a dónde ir, con sus hijos», y en medio de un fuerte temporal, tenía la casa en propiedad, y también un local en el que había puesto un negocio. Debido a la crisis económica previa al estallido de la pandemia, tuvo que cerrar su tienda y acabó siendo víctima de un préstamo hipotecario «que en principio tenía muchas garantías pero que si no puedes pagar terminas sin nada y con una deuda de por vida», explicaron desde PAH Sendia.
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El banco terminó subastando su casa, una vivienda obrera, «a dos subasteros por 30.000 euros». «Hemos estado luchando contra viento y marea pero ha habido una clara vulneración de derechos. No se le ha permitido la defensa. Exigimos que los juzgados actúen conforme a derecho y que se puedan tomar las medidas por los servicios sociales y las áreas competentes, y después si hay que ejecutar, que se ejecute, pero no de esta manera, en estas condiciones de indefensión», apuntaron visiblemente indignados.
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