Aplazan a una nueva asamblea en octubre el futuro de los estafados por la EPSV Gallarta
El Gobierno vasco ha ofrecido a los 1.700 socios disolver la entidad y repartirse los 50.000 euros de fondos que quedan en la cuenta o pasarse a una mutua de Basauri
Diana Martínez
Abanto
Martes, 15 de julio 2025, 23:12
Continúa la incertidumbre en el caso de la EPSV Gallarta que ha desfalcado 600.000 euros a sus más de 1.700 socios. Una trama en la que, después de que el Banco de España detectara el fraude, ha intervenido el Gobierno vasco, entidad que este martes se ha reunido con los vecinos de Abanto, envueltos en una gran inquietud sobre qué ocurrirá cuando necesiten sufragar sus gastos de decesos, unos servicios que llevan años o décadas pagando. Tras semanas de inseguridad sobre el futuro de la entidad, creada en 1993 con la finalidad de asociar a los vecinos del barrio para hacer frente a los gastos de deceso –que a día de hoy fácilmente pueden superar los 7.000 euros–, los afectados han tomado la palabra en el parque tecnológico El Campo.
Los asistentes a la asamblea debían decidir si mantienen la continuidad de la mutua con una nueva junta de gobierno o si aprueban su disolución y repartirse los 50.000 euros de fondos que quedan en la cuenta. No obstante, como posible alternativa, se dio la oportunidad a la mayor EPSV de decesos del sector, la Mutualidad Funeraria San Pedro de Basauri, de atender a partir del 1 de enero del próximo año los gastos de sepelio a los interesados, lo que llevaría aparejado un pago de entrada en función de la edad –que puede ir desde los 384 euros una persona de 55 años hasta los 780 un octogenario–, además de la cuota anual de 62 euros –a partir de 2026 será de 65–, explicó Alex Cerdeño, presidente de la entidad.
Tras dos horas dedebate, los socios concluyeron por mayoría que necesitan tiempo para pensarlo en profundidad y con sus familiares. Por ello, el Gobierno vasco convocará una nueva asamblea, «previsiblemente para octubre», aunque la fecha está aún sin determinar. «Necesitamos tiempo para pensar bien la oferta que nos proponen y hablarlo con la familia, porque igual los hijos quieren irse a otro sitio», señaló Dionisia García, que lleva 38 años como socia.
Una de las grandes dudas de los afectados es si podrán recuperar el dinero aportado a lo largo de tantos años. «Tengo 78 años y no me puedo morir, quién me entierra si no, a ver de dónde sacas 4.000 euros», se lamentó María Rosario Iriondo, una de las primeras socias de la mutua desde 1993, su año de fundación. «Llevo toda la vida, tengo unos cinco o diez entierros pagados». Un coste que ha tenido que pagar «con mucho sacrificio» a lo largo de estas tres últimas décadas. «A mí ya no me llega al mes, cuando esta señora –mencionó en relación a la supuesta autora del desfalco– está viviendo de nosotros. Nos ha estafado a un pueblo entero, a amigos, vecinos, conocidos... Es una sinvergüenza, estamos todos indignados», reprochó la mujer.
Transferencias a personas de su entorno
Los asociados han aportado religiosamente cerca de 180 euros al año. «Ha habido años en los que en septiembre nos cobraba 85 euros de más. Si reclamabas te decían que había sido un error del ordenador y te lo devolvían al día siguiente. No nos lo creíamos. Pero si no te dabas cuenta, te la colaban», expresó. Otros vecinos han pasado por la misma situación. A algunos se les ha cobrado dos, tres y hasta «cinco» cuotas en un mismo año. «Lo llamaban derrama, pero ahora dudamos de que fuera por eso», apuntó Aranzazu Francisco, quien el pasado mes de mayo vivió junto a su madre, Dolores Fernández, una situación «avergonzante» con la supuesta estafadora. «Dijo que no había pagado la cuota y vino a mi casa para cobrarla en mano. Lo comprobé en el banco y la cantidad se abonó a una cuenta distinta en vez de a la de la EPSV Gallarta», relató Dolores.
El desfalco fue notificado el pasado 11 de abril. Desde el departamento de Hacienda explicaron en la reunión que la supuesta estafadora, que «no atendía a los requirimientos del área sobre los movimientos de la cuenta de la entidad durante el pasado ejercicio, pidió reunirse con nosotros y confesó allí mismo que se estaba llevando el dinero». En ese momento comprobaron que la libreta contenía aún 50.000 euros y procedieron a intervenir en la entidad desde el Gobierno vasco. «Hay un desequilibrio patrimonial enorme debido a transferencias no justificadas a personas de su entorno de unos 300.000 euros y reintegros en efectivo de 231.000», detallaron tras señalar que el caso está siendo investigado por el juzgado de Barakaldo.