Plentzia recurre a las comunidades de vecinos para frenar los pisos turísticos

Se da la circunstancia de que la nueva Ley de Propiedad Horizontal permite que la comunidad pueda otorgar o no la autorización, y si la concede –con el 60% de los vecinos de acuerdo–, puede establecer condiciones. «Esta iniciativa busca actuar de forma preventiva con el objetivo de reducir la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de alquileres y compra de vivienda, y el desplazamiento de residentes autóctonos», explica el alcalde Aitor Garagarza. «Trabajamos juntos por un municipio equilibrado y sostenible», remarca.

Esta es una medida más con la que el Gobierno local busca frenar la expansión de este tipo de turismo. Garagarza, ha buscado desde el comienzo de la legislatura que el municipio sea, o por lo menos en su mayoría, para que tengan acceso a la vivienda aquellos que desarrollan su proyecto de vida. A día de hoy hay casi 4.400 habitantes censados. «Tienen que seguir viviendo aquí, los pisos están muy caros y muchos sólo se alquilan en verano», señala.

Los datos confirman la preocupación. Plentzia, como en otros lugares de la costa vizcaína, enfrenta desafíos derivados del crecimiento desequilibrado de la oferta de apartamentos temporales. En el pueblo hay registradas 2.767 viviendas, de las cuales 1.078 no son principales, según el Instituto Nacional de Estadística. Los datos constituyen una de las tasas más altas de España. Dentro de esas cifras, la tasa de casas vacías, que ronda el 6,5%, también se sitúa por encima de la media nacional. Además, la villa cuenta con más de 200 pisos turísticos, situándose como el tercer municipio con más alojamientos de este tipo en la Margen Derecha, detrás de Getxo y Sopela.

La Administración reconoce que sus competencias en esta materia son limitadas, aunque ya ha adoptado algunas medidas, como aplicar un recargo en el IBI a las casas vacías cuyos propietarios no estén empadronados en la localidad. Sin embargo, la falta de suelo público para construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) y que las Normas Subsidiarias de 1993, aún vigentes, no contemplan una regulación específica para este fenómeno, dificultan soluciones de mayor calado a corto plazo.

Por eso, una de las claves está en el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), actualmente en fase de elaboración. El documento permitirá ordenar el crecimiento de los alojamientos turísticos, pero su tramitación es lenta. «Este proceso es complejo y largo. Su elaboración implica de 6 a 8 años aproximadamente», explica el regidor. Mientras tanto, el equipo de gobierno ha optado por una vía inmediata.