El Ararteko reprende al Ayuntamiento de Gorliz y a la Diputación por usar herbicidas sin avisar

Hace tres años, Julio Llona, vecino de Gorliz, inició una cruzada contra el Ayuntamiento, la Diputación y Lantegi Batuak. El 27 de octubre de 2016, la empresa que promueve la integración de personas con discapacidad, contratada por el Consistorio para el mantenimiento de las zonas verdes de la localidad, aplicó en las inmediaciones de su vivienda, en Mungia Bidea, un producto fitosanitario que contenía glifosato, un herbicida clasificado por la Organización Mundial de la Salud como «probablemente cancerígeno para los seres humanos». El afectado denunció que la actuación «supuso un riesgo para la salud de las personas por su incorrecta aplicación» pero en vista de que las administraciones implicadas no tomaran medidas, recurrió al Ararteko, que ahora le ha dado la razón.

El Defensor del Pueblo vasco asegura que «no se ha acreditado debidamente el cumplimiento de algunos requisitos», entre ellos, disponer de «un contrato específico con carácter previo» a la aplicación de este producto o el «documento de asesoramiento sobre el tratamiento y sus riesgos». Tampoco había un «plan de trabajo o autorización previa al tratamiento, ni se señalizó la zona». Según Llona, la entidad foral «otorgó, sorpresivamente, la autorización meses después de haber finalizado la actuación, algo totalmente ilegal». Además, subraya que «todas estas circunstancias deberían ser valoradas por el órgano sancionador a la hora de considerar la entidad de la infracción y el riesgo que ha supuesto su incumplimiento para la salud humana, animal y el medio ambiente».

El denunciante recuerda que los trabajadores dejaron «la zona totalmente abrasada y, como no existe acera en ese tramo, estuve obligado a pasar por encima». De inmediato, acudió al Ayuntamiento para presentar una primera reclamación, y posteriormente se dirigió a la entidad foral «con el objeto de denunciar los incumplimientos de la regulación sobre el uso sostenible de este tipo de productos». En un principio, «calificaron los hechos como leves sin incoar el correspondiente expediente sancionador por la infracción cometida». Ante ello, presentó una ampliación de la denuncia logrando que «se abriera un expediente sancionador por falta leve que dos meses después se elevó a grave y que podía acarrear una multa de 4.000 a 180.000 euros». Pero, durante todo el proceso de tramitación, «Lantegi Batuak presentó un escrito de alegaciones y la falta se volvió a considerar leve; una cosa de locos. Todo se quedó en 300 euros».

Según el Ayuntamiento, «el único incumplimiento fue que la aplicación del producto no fue señalizada, ni hubo limitación de accesos y horarios de la misma». Las autoridades locales están «de acuerdo con la sanción de falta leve interpuesta ante la falta de señalización del tratamiento realizado». Asimismo, aseguraran que, «durante los dos últimos años, no se han realizado tratamientos fitosanitarios mediante aplicación de glifosato».

La Diputación, por su parte, señala que resolvió la queja como leve «por la utilización de este tipo de productos autorizados sin respetar los requisitos establecidos para ello, pero sin apreciar riesgo para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente». En cualquier caso, asumirá las recomendaciones del Ararteko y «se resolverá en derecho, según lo expuesto, el recurso presentado, para posibilitar al denunciante el mejor ejercicio de los derechos que estime procedente realizar».