Los juzgados de violencia de género de Bilbao obligan a llevar un distintivo a los acusados

Los dos juzgados que abordan este tipo de casos en la capital vizcaína han tomado la decisión con el propósito de aumentar la protección sobre las víctimas. Así se argumenta en una instrucción a la que ha tenido acceso EL CORREO. «El objetivo es establecer un protocolo de movilidad y circulación de personas que acuden a estas dependencias judiciales, así como de los profesionales que las acompañan y asisten, garantizando de este modo la seguridad de todas ellas y evitando situaciones que pudieran ser problemáticas». Una de las máximas que se sigue en estos procesos es que víctima y acusado no lleguen ni siquiera a verse, tal y como recuerda el juez decano, Aner Uriarte, quien defiende la autonomía de los diferentes juzgados para tomar este tipo de resoluciones.

El documento, firmado por la letrada de la Administración de Justicia que ejerce como secretaria coordinadora de Bizkaia, fue remitido el 16 de julio al Colegio de la Abogacía. El nuevo protocolo obliga a pasar por la cuarta planta del Palacio de Justicia para acreditarse y recibir la citada pegatina, cuyo color y forma varía en función del rol que desempeña cada uno de los involucrados (salvo la denunciante, que queda excluida para preservar su intimidad). La otra salvedad es que los abogados tienen la posibilidad de sustituir el adhesivo oficial por su tarjeta profesional. Pero la tienen que llevar encima todo el rato, algo que tampoco «nos convence en absoluto».

Solo con estos distintivos se puede pasar ya a la quinta planta, que es donde se lleva a cabo la mayoría de trámites. Esta altura superior del edificio es de acceso restringido, pero el piso anterior, donde se completa la identificación, es público. Los profesionales se quejan de que tanto ellos como sus clientes pueden ser vistos por un número notable de personas ajenas al caso. «Desde funcionarios, hasta otros investigados o, por ejemplo, un mensajero que pasaba por allí, como a mí me pasó», cuenta una abogada que forma parte del turno de guardia dedicado a atender a detenidos por violencia de género.

Iñigo Urien Azpitarte fue uno de los primeros letrados en pasar por los juzgados y someterse al protocolo. A su salida envió un contundente mensaje a un wasap en el que hay decenas de compañeros de profesión. En el mismo mostraba su «frontal rechazo». «Me sorprendió. Sentí vergüenza. Lo que mi cliente y yo tuvimos que soportar en julio en los juzgados de Bilbao fue intolerable», cuenta a este diario. «Nos pusieron pegatinas a todos. Solo faltaba la estrella de David, como a los judios durante el nazismo. En la cuarta planta nos vio todo el mundo. Me parece una manera de señalar y de violentar la presunción de inocencia. De hecho, mi representado salió a la calle sin ningún tipo de cargo, pero tuvo que pasar por ese estigma», afirma. «Y otra cosa -destaca- ni los funcionarios ni la gente que trabaja allí llevan ningún tipo de acreditación o distintivo. Nosotros sí, pero ellos, no. ¿Alguien lo entiende?», se pregunta. Desde la delegación en Euskadi del sindicato profesional Venia también tildan de «vergonzoso» el nuevo sistema.

Ante esta situación, el Colegio de la Abogacía ha presentado tres quejas formales. La primera va dirigida a la propia secretaria que firma la directiva. Una segunda se ha trasladado al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana. Por último, también se ha enviado un escrito al Gobierno vasco, ya que en la instrucción se asegura que la decisión se adopta tras una reunión «con los responsables de seguridad de los edificios judiciales», que son compentencia del Ejecutivo autonómico.