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Lidia Gil, la mujer de 89 años que fue víctima del incumplimiento de un contrato por parte de Jabyer Fernández, no será desahuciada del ... piso en el que fue realojada temporalmente en Mamariga en 2012. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Barakaldo ha desestimado la petición de desalojo formulada por el propietario del inmueble (un fondo de inversión).
La magistrada sostiene que Lidia reside de forma «legítima» en la vivienda y que su situación no puede cambiar hasta que se resuelva el problema que hizo que acabara en ese lugar. Hay que recordar que esta persona y su marido poseían una pequeña casa unifamiliar en Mamariga. Hace 16 años, llegaron a un pacto con el hombre de negocios: el suelo y los derechos edificatorios a cambio de un hogar en una nueva urbanización que se iba a levantar en la zona.
La familia de la mujer cumplió: entregó su inmueble, que fue derribado, pero la otra parte nunca correspondió. Jabyer se deshizo de la promoción, que pasó a manos de otro constructor. Y se quitaron el problema de encima de una forma temporal: realojando a esta vecina de Santurtzi en otro piso del barrio. Una solución que se reveló como nefasta cuando un fondo de inversión se lo acabó quedando e instó a su desahucio.
Desde entonces, Lidia, que sufre dolencias musculares y esqueléticas (necesita una silla de ruedas desde hace unos meses), ha vivido con la amenaza de tener que abandonar su casa. Y todavía tiene que soportar esa angustia, porque, aunque la jueza ha reconocido su derecho, la parte demandante aún puede recurrir el fallo. «Solo quiero que me dejen vivir aquí hasta que me muera», dijo a la salida del juicio que se celebró el pasado 3 de junio.
La sentencia sostiene que el realojo de Lidia es «una carga» de urbanización que debió soportar el promotor que dio paso al nuevo edificio que sustituyó al de la mujer. La jueza reseña, además, que el Ayuntamiento de Santurtzi aprobó los cambios urbanísticos con la condición de que «deberá darse solución a los realojos y a otros derechos de los afectados», cosa que en este caso no ha sucedido.
De hecho, la abogada de Lidia, Yolanda Merino, mantiene un pleito con el Consistorio de la localidad marinera, en el que le hace responsable de todo lo que ha pasado a su clienta. Este proceso está aún pendiente de resolución.La magistrada hace constar que «Lidia accedió a la vivienda de forma legítima, tras la firma del contrato de permuta, sin que se haya materializado aún la entrega de una vivienda».
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