Imputado el nuevo diputado de Acción Social por la retirada de una custodia en 2017
Sergio Murillo declaró ante el juez en marzo del año pasado por participar en la decisión de apartar a una niña de cinco años de su madre, siendo director de un servicio foral
Leire pérez
Sábado, 27 de julio 2019, 00:44
El actual diputado de Acción Social, Sergio Murillo, una de las escasas novedades del nuevo Gobierno foral que lidera Unai Rementeria, formado en junio por ... el PNVy el PSE, está «imputado» por la Audiencia Provincial de Bizkaia por un presunto delito de «prevaricación» a raíz de la retirada de una custodia de una niña a su madre. Irune Costumero denunció hace dos años a los principales responsables del Servicio de Infancia de la Diputación por ordenar quitarle la tutela de su hija, de cinco años entonces, y otorgársela al padre. El Servicio de Infancia foral consideraba que la niña estaba desprotegida y que Costumero ejercía el denominado síndrome de alienación parental, que consiste en manipular a los menores para que rechacen al otro progenitor. Desde entonces, solo puede estar con la pequeña «ocho horas a la semana, vigilada».
La mujer presentó una denuncia contra el equipo foral que adoptó la retirada de la custodia, entre ellos Sergio Murillo. El actual diputado de Acción Social ocupaba entonces la Dirección General de Autonomía Personal. La demanda fue sobreseída en dos ocasiones por el juzgado de instrucción y fue en unos de los procesos, en marzo de 2018, cuando Murillo declaró como investigado. A finales del año pasado, tras presentar Costumero un recurso, la Audiencia Provincial de Bizkaia reabrió la causa. El procedimiento está a la espera de que se ponga fecha al juicio y, mientras tanto, están declarando los testigos propuestos por la institución foral.
Portavoces del departamento de Acción Social confirmaron ayer que el asunto está «en fase de instrucción», aunque prefirieron «no hacer declaraciones». La Audiencia Provincial no solo imputa a Sergio Murillo. También a las otras tres personas que tomaron decisiones para dirimir la custodia:la Jefa de Sección de Recepción, Valoración y Orientación, Antonia Giner; la Jefa del Servicio de Infancia, Consuelo Alonso; y a la trabajadora social, Maika Urutxurtu. Todas continúan en su puesto de trabajo, según confirmaron ayer fuentes autorizadas de la Diputación.
El caso está a la espera de que se celebre el juicio, tras ser sobreseído dos veces
«Decisión injusta»
El auto de la Audiencia estima que no está claro que el «proceder estuviera amparado por el bienestar de la menor». «Aparecen indicios de que la resolución fue injusta y desproporcionada», dice y recuerda que «es otra forma más de ejercer violencia contra la mujer». Al tiempo, alerta de que este tipo de acciones generan «situaciones de riesgo» para los niños.
El nombramiento de Murillo como diputado de Acción Social estando ya «imputado» no ha dejado indiferente a los partidos de la oposición. EH Bildu ha sido la voz más contundente. «Se trata de la desprotección de una menor, la imputación prosigue y hay indicios de criminalidad por lo que creemos que la situación es grave. Aunque debemos ser prudentes, esta persona no puede seguir ejerciendo al estar imputado», advirtió la juntera y responsable de Políticas Sociales, Izaskun Duque.
Amaya Fernández, portavoz del PPen las Juntas y secretaria general de su partido en Euskadi, reclamó «transparencia, luz y taquígrafos al Gobierno» foral. «En septiembre plantearemos las dudas que tenemos», anunció Fernández, que recordó que «alguien que ocupa un cargo de responsabilidad debe ser «absolutamente transparente». Elkarrekin Podemos también abordará el caso tras el parón de agosto. «Estamos recabando información y vamos a ser prudentes», apuntaron. Por su parte, el PSE, socio del PNV en el Ejecutivo foral, evitó pronunciarse
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