El Gobierno vasco sigue sin aclarar qué pasará con los residuos que iban a Zaldibar

Desde entonces, los responsables de Medio Ambiente han desarrollado diversas reuniones con la patronal de los vertederos privados (representados por el cluster Aclima), las instalaciones públicas de este tipo y políticos de otras comunidades autónomas ante la posibilidad de recabar su ayuda para enviar residuos más allá de nuestras fronteras.

Una semana después de aquellas declaraciones de la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, en las que apelaba a la solidaridad de todos los agentes implicados e imprimía carácter de urgencia a la búsqueda de una solución, no hay todavía nada en claro. Hay una labor de cocina en marcha por detrás, pero ninguno de los protagonistas deja traslucir cuál puede ser el próximo paso.

En el cluster de los vertederos, Aclima, el mutismo es absoluto. Reconocen que se está «trabajando» en el problema, pero remiten al Gobierno vasco para recabar cualquier tipo de información. El Ejecutivo insiste en que se está analizando la capacidad del sector privado antes de adoptar nuevas medidas. «Hemos preguntado por su disponibilidad pero faltan todavía respuestas por recibir». E introducen ahora el matiz de que las empresas productoras de residuos deben ser también parte de la solución a corto plazo. «Deben buscarse también sus salidas, como hacen para comprar las materias primas. Nosotros somos facilitadores», insisten.

Las posibilidades de que el sector público «arrime el hombro» y asuma buena parte de la fracción de residuos que iba a parar a Zaldibar son todavía lejanas. La Diputación vizcaína ya dejó claro el martes que sus vertederos son exclusivos para despojos urbanos y no industriales. Al tiempo que llamó la atención sobre la situación cercana a la saturación de Artigas, que necesita de una ampliación. De cualquier modo, llegado el caso, se podrían asumir 550.000 toneladas después de realizar una serie de obras para adaptar sus estructuras en este almacén y también en Jata. Desde Medio Ambiente se matizó ayer que, «en una situación de emergencia», es posible modificar con cierta «agilidad» el permiso ambiental para acoger también residuos no peligrosos «que son incluso más cómodos» a la hora de gestionar que los urbanos.

Con respecto al Ayuntamiento de Vitoria, propietario de Gardelegi, ya ha avanzado que dispone de espacio para un millón de toneladas (lo que mitigaría con rotundidad el problema) pero está dispuesto a acoger sólo unas 23.000, el equivalente al flujo que viajaba de Álava a Zaldibar. Esta cifra representa el 5% del total. Y en Gipuzkoa, la decisión está en manos de la comarca de Debagoiena, propietaria de Epele. Por ahora no se ha tomado ninguna decisión y se ha comunicado que, de reabrirse el vertedero (ahora cerrado), quedaría espacio para 350.000 toneladas.

El Gobierno vasco no se plantea, por ahora, aprobar un decreto de ejecución forzosa, lo que obligaría a los vertederos públicos a asumir el volumen enviado. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, se mostró ayer optimista y señaló que «la aportación voluntaria de los vertederos existentes en Euskadi o en las comunidades autónomas del entorno va a ser suficiente» para resolver este problema.

Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, planteó ayer la necesidad de implantar una ecotasa de vertido «disuasoria» para que las industrias busquen fórmulas que permitan reducir el envío de desechos a vertederos y que interioricen que la gestión de sus desechos ha de ser «un coste de producción». Advirtió de que «no puede resultar tan cómodo ni barato» deshacerse de los residuos. Este planteamiento del Gobierno vasco llega en un momento en el que el Parlamento está disuelto, hay elecciones convocadas y su puesta en marcha necesitaría del respaldo de un proyecto de Presupuestos.