El Gobierno pierde la batalla legal por el ascensor de Begoña

Vista de la emblemática torre que alberga el ascensor de Begoña./Bernardo Corral
Vista de la emblemática torre que alberga el ascensor de Begoña. / Bernardo Corral

El Supremo culpa al Ejecutivo vasco del cierre del elevador por haber ahogado en pérdidas a la concesionaria del servicio

Josu García
JOSU GARCÍA

El Gobierno vasco ha perdido de forma definitiva la batalla judicial que mantenía con la empresa privada que explotó durante décadas el ascensor de Begoña por el cierre de este servicio. La infraestructura se mantiene clausurada desde el 8 de julio de 2014. Aquel día, hace ya más de cuatro años, la compañía bajó la persiana y responsabilizó al Ejecutivo autonómico del fin del servicio por haberla ahogado en pérdidas. La Administración dirigida por Iñigo Urkullu negó cualquier responsabilidad y culpó, a su vez, a la concesionaria por haber tomado la decisión de forma «unilateral», al margen de la normativa, e incumpliendo su deber.

Tras un largo proceso legal, el Tribunal Supremo le acaba de dar la razón a la mercantil. La última sentencia, la que pone punto y final al enfrentamiento, está firmada el pasado 18 de julio. Los jueces echan en cara al Gobierno vasco que dejó morir a la empresa por las deudas, cuando era su responsabilidad haber mantenido la rentabilidad económica de un servicio que seguía atendiendo a un núcleo de población, aunque tenía muchos menos clientes que en el pasado por los cambios sociales acaecidos en Bilbao y por la entrada en servicio del ascensor del metro.

En opinión de los magistrados, se alteró «en forma estructural la base del negocio concesional y era una consecuencia obligada de la buena fe su restablecimiento mediante una nueva reciprocidad real y equitativa de las obligaciones, que si no se ha producido es por causas imputables a la Administración». Además, el Supremo condena en costas al Ejecutivo autonómico.

Llegados a este punto, cabe preguntarse qué va a pasar ahora con el elevador. ¿Reabrirá sus puertas en breve? La respuesta es contundente: no. La empresa que explotó la infraestructura y el Departamento de Transportes se tienen que sentar para liquidar la concesión, como han ordenado los jueces. La compañía tiene reconocidos una serie de derechos por sentencia, aunque no están cuantificados.

Puede darse el escenario de que ambas partes no se pongan de acuerdo a la hora de valorar el lucro cesante (el beneficio que va a dejar de percibir) correspondiente a los 30 años de concesión que le quedaban a la mercantil. Además, habrá otras facturas sobre la mesa.

Las claves

Seguirá cerrado.
Pese al dictamen, no está previsto que el servicio vaya a reanudarse en breve
Negociación.
La empresa y Transportes deben sentarse ahora a calcular el coste económico de la liquidación

La directora de Transportes del Gobierno vasco, Janire Bijueska, asegura que el Ayuntamiento de Bilbao ha realizado una serie de obras básicas de mantenimiento para garantizar la seguridad tras varios desprendimientos de fachada. El coste de estos trabajos le será repercutido a la empresa de forma subsidiaria (algunas actuaciones fueron presupuestadas hasta en 300.000 euros).

Sentarse a negociar

Podría darse el caso de que no se cerrara un pacto amistoso y que el asunto volviera, de nuevo, a los tribunales para desesperación de los vecinos de la zona de Mallona y Begoña. «Nuestra idea es sentarnos a negociar y llegar a un entendimiento a la mayor brevedad posible», sostiene Bijueska. Al parecer, hay fijada ya una reunión con el abogado de la compañía para la vuelta de vacaciones.

¿Cuánto le puede costar al Gobierno vasco el litigio que ha perdido? Además del dinero público gastado ya en abogados y costas judiciales (cuya cuantía no ha trascendido), el Ejecutivo autonómico tendrá que hacer frente al importe pendiente de la liquidación. En su día, la empresa hizo una oferta en la que reclamaba una cantidad cercana al medio millón de euros para zanjar el asunto, pero aquella propuesta fue desoída.

En cualquiera de los casos, ni siquiera la firma de un pacto amistoso de manera inminente podría hacer que el elevador reabriera a corto plazo. «Hay que hacer obras tanto para mejorar la accesibilidad como para adaptar el ascensor a la nueva normativa técnica que se ha ido aprobando en los últimos años en materia de transporte vertical», advierte la directora de Transportes. También está por decidir si la infraestructura es transferida al Consistorio para su gestión directa, tal y como se planteó hace unos años.

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