La falta de 'papeles' y los costes condenan al 30% de empleadas del hogar a la ilegalidad

La localidad con la renta más alta de Euskadi-la octava de España- cerró el año pasado con 3.043 afiliadas en la Seguridad Social en el epígrafe que se refiere a las empleadas del hogar. Son los datos de aquellas que cuentan con un contrato, es decir, que están 'legales'. El número de 'invisibilizadas' que se dedican a los cuidados y a la limpieza es en todo caso mucho mayor. El Ayuntamiento revela que «una de cada tres familias cuenta en su casa con una ayuda externa. Un 30% de los getxotarras tiene contratado a alguien en su casa». Los servicios de pocas horas a la semana son los que más desapercibidos pasan y los que no quedan registrados.

Getxo se mantiene prácticamente invariable en los últimos cinco años. Una comparación. Bilbao, con cinco veces más de población, 345.000 habitantes, terminó 2024 con el doble de altas, 6.291. Pero Getxo supera a casi todas las capitales de provincia. Suma más empleadas, por ejemplo, que toda la provincia de Álava, Almería y un largo etcétera. En Barcelona, por ejemplo, hay una trabajadora del hogar por cada 41 habitantes, en A Coruña una por cada 70.

«Mientras que en otros lugares todavía cuando hay que cuidar a un familiar se encargan de ello sus descendientes, pareja... aquí hay un envejecimiento de la población y un alto nivel adquisitivo. Es un sector que sostiene el bienestar de muchos mayores y dependientes. Recae en gran medida en mujeres migrantes, muchas veces invisibilizadas o precarizadas», resume Carmen Díaz, responsable de Cohesión Social del Ayuntamiento getxotarra. Esta realidad ha llevado al Consistorio a realizar varias campañas para velar por los derechos de estas trabajadoras. «La costumbre sigue marcando que muchas familias no regularicen a sus empleadas, a pesar de la obligación y de ser un municipio rico», recuerdan desde la asociación Mujeres sin Voz.

Las peculiaridades del sector, de puertas adentro, y siendo la única forma de subsistir para muchas personas sin regularizar sus papeles de residencia, hace pensar a las administraciones que existe otro «30%» al margen de los censos. Podría ser incluso más. La Encuesta de Población Activa (EPA) visibiliza esas cifras. La ley de Extranjería redujo ya en mayo a dos los años de residencia para solicitar el arraigo social y poder trabajar de forma legal.

En este sector tampoco hay una homogeneidad en las tarifas. La hora puede pagarse de «6 a 12 euros», mientras que las internas cobran entre «1.000 y 1.500 euros». Edith Molina, presidenta de Mujeres en la Diversidad, está a punto de cumplir dos décadas en Bizkaia. Sus primeros «ocho años» trabajó como interna en un domicilio. No cotizó. Cobraba «mil euros». «Lo bueno que tiene esta modalidad es que puedes vivir en la casa y si hay necesidad, se acepta, no puedes decir más», asegura. «Se ha avanzado en derechos, pero nunca se terminará la economía sumergida. ¿Qué voy a hacer si me das un trabajo? No me voy a quejar», comenta a modo de ejemplo. A veces son los empleadores los que ponen reparos a pagar la seguridad social y otras las propias trabajadoras quienes no quieren. «Hay mujeres que tienen necesidad de dinero y si cotizan van a cobrar menos. Las jóvenes acaban de llegar y no tienen prisa en estar aseguradas y las mayores saben que no van a cobrar la pensión», explica.

Julieta es colombiana, lleva un año en Bizkaia y tiene permiso de trabajo. Hasta el momento no ha logrado un contrato legal. «Es complicado, ahora cuido a una persona mayor en Bilbao, pero son pocas horas, igual te sale otra casa, en otra localidad y no compensa ir hasta allí por 12 euros», afirma. Kathy, de Perú, ha trabajado dos años de «interna a los quince días de pisar tierra, durante nueve meses, y cinco más de externa». La también peruana Solange está a punto de cumplir los seis meses viviendo en Bilbao. Al poco de llegar consiguió un trabajo como interna en Gordexola. Cobraba «1.000 euros al mes» y libraba desde el «sábado por la tarde hasta el domingo por la noche». Cuando el señor al que cuidaba falleció, se quedó sin empleo. Algo habitual. «Si libraba me iba a dormir a Basauri, al piso de una amiga a la que pagaba 175 euros al mes por ir los fines de semana. Era una forma de estar a mi aire y le compensaba porque me hizo el favor de empadronarme», revela. Ahora busca trabajo también de interna para disponer de un techo.

Alexandra ha tenido más suerte. Contar con permiso de trabajo le ha permitido llegar a un sueldo «de 1.500 euros, cotizar y estar legal». «Yo he tenido suerte hasta ahora, las familias han sido flexibles y he estado contenta, la necesidad te lleva a estar interna y la mayoría de las veces es más fácil para las que tenemos la documentación en regla», comenta. Hoy en día, con su familia aquí, prefiere estar «externa» y volver a dormir a casa.

El 74% de las empleadas de hogar en Getxo dispone de casa propia o de al menos una habitación fuera del lugar de trabajo, aunque el 65% tiene problemas para llegar a fin de mes, según un estudio municipal elaborado en 2020. Carla Davies, presidenta de Mujeres sin Voz, organización que este año ha sido premiada por la Diputación por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres, pone encima de la mesa el «'sinhogarismo'» que las persigue. «Se habla de otros colectivos, pero nosotras carecemos de derechos, muchas no tenemos una vivienda estable», afirma.

Davies reconoce que se ha avanzado mucho en los derechos desde que la mayoría de las trabajadoras son extranjeras, aunque queda por hacer. «Es cierto que hemos liderado las reclamaciones. En nuestro caso se dan dos circunstancias, por un lado hay muchas que tienen estudios y aquí no pueden ejercer de lo suyo y encima sienten que pasan a dedicarse a un sector que las invisibiliza», lamenta la getxotarra.

El 99% de este sector son mujeres, con una«importante» presencia de origen extranjero, según se recoge en el diagnóstico de situación de las personas trabajadoras del hogar elaborado por la Universidad del País Vasco. A su vez, el Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegi recuerda que el 60% de la población inmigrante desarrolla su actividad laboral en el servicio doméstico, la hostelería y el comercio.