Izurtza recurre el fallo que le obliga a pagar un millón de euros a una zona industrial

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La Corporación de Izurtza aprobó ayer recurir la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contecioso Administrativo número 1 de Bilbao, que le obliga a abonar un millón de euros a la zona industrial de Garaunza. El fallo responde a la demanda presentada en 2016 al considerar que había sido excluido del convenio que el Ayuntamiento suscribió con el polígono Arbizolea, situado en la zona, para mejorar las infraestructuras del entorno. El demandante alegó que tuvo que pagar de su bolsillo la mejora del camino a Etxano en 2007, así como la intersección con la urbanización de Arbizolea.

La alcaldesa, Lorea Muñoz, calificó de «desmesurada» la cantidad fijada en la sentencia. Una cifra que sobrepasa el presupuesto municipal para este ejercicio, que se eleva a 671.915 euros. Tras el pleno, que acordó recurrir el fallo con la abstención del PNV, la regidora quiso hacer hincapié en que el convenio con Arbizolea se estableció «acatando las Normas Subsidiarias que se encontraban en vigor en los años 80 cuando se construyeron las empresas. Garaunza estaba en otro plan estratégico al haberse construido en 2007». De este modo, Muñoz entiende que la cantidad reclamada, que asciende a 1.089.238,88 euros, «no es real».

El fallo de la demanda interpuesta por el propietario de Garaunza recae de manera directa sobre las firmas que componen el polígono de Arbizolea por haber «vulnerado el principio rector de reurbanización» del suelo de la zona. Tiene en cuenta que la urbanización del entorno se ha llevado a cabo a través de convenios parciales, de los que ha sido excluido Garaunza. Pero «si las empresas no responden o no se responsabilizan del pago, la sentencia condena subsidiariamente al Consistorio».

Los respontables municipales de Izurtza «no entienden» que el juez haya dado por válida la demanda. «Estamos hablando de dos zonas industriales que están juntas, pero que no tienen nada que ver la una con la otra. Los polígonos que han sido construidos antes de 1996 se dan por consolidados. Los posteriores, en cambio, tienen que adaptarse a nuevas normas. Lo dice la ley», aclaró Lorea Muñoz.

Por parte de la oposición, sin embargo, optaron por abstenerse de presentar el recurso contra el fallo judicial. La portavoz del grupo jeltzale, Aroa González Uriarte, reprochó al equipo de Gobierno que les hubieran entregado «tarde la documentación, por lo que no hemos tenido tiempo suficiente para mirarlo todo detenidamente».

La concejal del PNV aprovechó su intervención para pedir al equipo de gobierno que «espera que se hagan las cosas bien. Es una sentencia muy dura y condenatoria para el Ayuntamiento», concluyó. Conscientes del alcance que esta sentencia supone a la pequeña localidad, con un presupuesto inferior a la condena, tanto la regidora como el resto del equipo aseguraron que «confiamos en nuestros abogados, que están para defender nuestros derechos»,