Iurreta aprueba la subida del 3% en las tasas municipales para el año que viene
El Ayuntamiento introduce un recargo del 50% en el IBI a viviendas vacías y ajusta la tasa de basuras para cumplir con la normativa europea
El Ayuntamiento de Iurreta ha dado luz verde por unanimidad a la actualización de sus Ordenanzas Fiscales para el próximo ejercicio. El objetivo es adaptar su marco tributario a la normativa vigente, garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y avanzar en los compromisos medioambientales marcados por la legislación estatal y foral.
Entre las principales novedades destaca la aplicación de un recargo del 50% en el IBI a los domicilios vacíos, medida orientada a fomentar el uso efectivo del parque inmobiliario y promover la disponibilidad de viviendas en el municipio. Asimismo, se revisarán los precios del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), adaptándolos a los valores vigentes en los municipios del entorno.
El resto de las tasas municipales se incrementarán alrededor de un 3 % respecto a este año, una modificación que responde al aumento de los costes de las prestaciones locales. Por ejemplo, la concesión de un nicho por un periodo de diez años, actualmente fijada en 350 euros, pasará a costar 360,5, mientras que la licencia para venta o comercio en vía pública, cuyo importe es de 18,41 euros, se elevará a 18,96.
En paralelo, la tasa de recogida de basuras sufrirá un ajuste a fin de cumplir con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados. Esta obliga a las localidades a aplicar principios de economía circular, promoviendo la reducción, reutilización y reciclaje de desechos, así como a reflejar en las tarifas el coste real del servicio. De esta manera, se fomenta un modelo de gestión más sostenible y eficiente que incentive la separación selectiva y minimice el impacto ambiental.
Por su parte, el alcalde, Oskar Koka, ha destacado que «estas modificaciones se han realizado bajo criterios de equidad, sostenibilidad y responsabilidad fiscal, buscando un equilibrio entre la calidad de los servicios públicos y la capacidad económica de la ciudadanía». Las nuevas medidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, una vez sean publicadas en el Boletín Oficial de Bizkaia y se cumplan los plazos legales de exposición pública.
