Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»

La razón del desalojo es una hipoteca «abusiva» que este matrimonio firmó en 2007 con la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), con la burbuja inmobiliaria a punto de estallar. Compró un caserío a medias con el hermano de Asier y la que entonces era su pareja, por la que se les concedió una hipoteca a 40 años por el 120% del valor del inmueble (más de 400.000 euros). Años después, tras una serie de problemas con los copropietarios, se vieron obligados a renegociar las condiciones con el banco y tuvieron que ser avalados por los padres de ambos, que pusieron sus casas como garantía.

Casi dos décadas más tarde de la firma de las escrituras, las tres familias se han encontrado con el peor desenlace que podrían haberse imaginado. «Nos han estafado», denunciaban desde su ventana poco antes de ser desalojados. Miembros de Etxebizitza Sindikatua se plantaron desde primera hora de la mañana en el caserío de los García-Iglesias para tratar de evitar que la pareja fuera expulsada de su hogar. Colocaron vigas y carretillas en la entrada de la casa para dificultar el paso de los agentes y hasta trataron de disuadirlos de efectuar el desalojo. «Estamos a tiempo de parar un desahucio», les pedían. La Ertzaintza y la Policía Local también trataron de aplacar los ánimos acercándose a hablar con los asistentes, pero finalmente acabaron por desalojar e identificar a los miembros del sindicato. Una decena de antidisturbios de la Ertzaintza entraron a la vivienda a través de uno de sus laterales, tras intentar forzar sin éxito la puerta principal. Poco después salía el matrimonio entre lágrimas, acompañado por su perro, y sin más pertenencias que una maleta y una mochila. Minutos más tarde la comitiva judicial procedía al desalojo de los padres de Asier, en una vivienda ubicada en la misma calle, a tan solo unos metros.

«Los padres de ambos han trabajado toda su vida para tener una casa y por querer ayudar a sus hijos ahora se van a quedar sin ella», denuncia la abogada del matrimonio. La primera orden para que abandonaran sus casas llegó a principios de este año, aunque fue suspendida de forma cautelar. Lo que les salvó entonces fue un recurso de última hora basado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre del pasado año. Esta resolución cuestiona las hipotecas suscritas en torno al índice IRPH, una variante del euríbor que fue admitida en España por el Tribunal Supremo. Según los jueces europeos estas hipotecas podían ser declaradas abusivas si existió falta de transparencia en la información que se les facilitó a los consumidores.

Esto es precisamente lo que llevan denunciando Asier y Naiara desde 2017, cuando emprendieron una demanda judicial tras comprobar que la deuda no se reducía y las cuotas seguían creciendo. Entonces ya habían abonado más de 210.000 euros del préstamo. Según la demanda que presentaron, tendrían que haber abonado más de un millón de euros para poder liquidar la deuda. «Nunca se han negado a pagar. Solo a suspender las cláusulas abusivas y a quedarse con lo que les queda de deuda», explica su abogada.

Casi un año después de la suspensión de la primera orden, el juzgado número 12 de la Audiencia Provincial de Bizkaia volvía a invocar al banco para proceder al desahucio de las tres viviendas. Las familias, afirman, continúan con un procedimiento judicial abierto en el que, en varias ocasiones, los tribunales han fallado a su favor, reconociéndoles como víctimas de cláusulas abusivas en sus contratos. A pesar de estas resoluciones, aún hay un proceso en curso que deberá confirmar estos hechos de manera definitiva. Es por ello que las tres familias solicitaron la paralización de los desahucios, como mínimo hasta que el tribunal se pronuncie de forma definitiva sobre la legalidad de las cláusulas denunciadas.

Tras dejar su casa, Naiara fue a refugiarse al domicilio de su madre, María Luisa Blanco, ubicado en el barrio de Ategorribarri, también en Erandio, y con la misma orden de desahucio. Fuera del edificio se congregaron medio centenar de personas desde el mediodía. Mientras tanto, Asier se trasladaba al Ayuntamiento de la localidad para ver si era posible conseguir un lugar donde dormir. Los Servicios Sociales también solicitaron al juzgado la suspensión de la orden de desalojo de los padres de Naiara hasta encontrar una vivienda alternativa al encontrarse en una situación de vulnerabilidad.«Mi marido sufre un problema cardíaco y tememos por su salud. Ni siquiera nos han admitido eso», denunciaba Maria Luisa.

Poco después de las cuatro de la tarde sus peores temores se cumplían. Tras varias horas de espera y resistencia por parte de los manifestantes que se encontraban en la entrada del edificio, finalmente culminaron el tercer y último desahucio del día. María Luisa, de 68 años, salía del que ha sido su domicilio durante más de cuarenta años arropada por su hija y una amiga de la familia. Su marido permaneció al margen del desalojo por las posibles consecuencias que pudiera tener para su salud. Fuera del bloque de viviendas les esperaban una multitud de vecinos, familiares y amigos. En ellos se refugiarán para olvidar el peor día de sus vidas.