Greenpeace abre una batalla legal para frenar la construcción del Guggenheim de Urdaibai

Como ya adelantó EL CORREO, el Gobierno central, a petición de la Diputación, redujo en otoño pasado la distancia mínima en la que no se puede construir, pasando de los 100 metros a los 20 en la parcela del astillero de Murueta. Este era un cambio imprescindible para que se pudiera edificar y salir adelante el proyecto. Costas argumentó entonces que se había producido un error en la realización del primer deslinde, a la vista de la aparición de nueva documentación y nuevos planos históricos del Ayuntamiento de Murueta. Por todo ello, accedió a rebajar el nivel de protección de esos suelos.

Contra esta decisión se alza ahora Greenpeace. La organización internacional advierte de que «las instalaciones del museo se construirían a 20 metros de las marismas de Urdaibai, una zona protegida por su gran valor ecológico que se vería además impactada por la turistificación».

Los ecologistas alertan, además, de que los astilleros «eludirán su responsabilidad de descontaminar los suelos», ya que esta labor sería asumida posiblemente por las instituciones. La Diputación ha recibido una subvención del Gobierno central de 40 millones para realizar mejoras ambientales en este entorno.

Greenpeace mantiene que el cambio obrado por Costas «constituye una desviación de poder debido a que el proyecto es totalmente ajeno a la defensa y protección del dominio público marítimo terrestre, lo que de por sí ya conlleva a la nulidad de la Orden Ministerial». En esta línea advierten de que «la Administración incumple su obligación de defender el dominio público marítimo terrestre».

A su juicio, «a pesar del indudable y reconocido alto valor ecológico de la zona, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico accede a la rectificación y reducción de la servidumbre, para instalar un museo en lugar de proceder a proteger el dominio público marítimo terrestre a través de la servidumbre de protección y de proceder a la recuperación de los terrenos del citado dominio ocupados por unos astilleros que supuestamente no tienen actividad y cuya concesión se debe entender caducada».

La organización ecologista insiste en que esta decisión gubernamental en Murueta es contraria a derecho «ya que para llevarla a cabo habría sido necesario que hubiera habido una modificación en los terrenos afectados y no es el caso, ya que el deslinde de la zona está aprobado desde el año 2004 sin que se haya producido modificación alguna». Fuentes de los conservacionistas piden al Ministerio que anule la medida: «Esperamos que dé un paso atrás y retire esta Orden Ministerial que incumple la Ley de Costas. Urdaibai tiene el mismo valor ambiental que Doñana, y merece que se respete su protección«.