Los Bomberos forales dejarán de cobrar tasas por rescates e incendios en viviendas

La nueva disposición sustituirá a un decreto foral de 1990. Las tasas aún en vigor por estos conceptos son casi simbólicas –la extinción de un incendio de una vivienda rural cuesta 115 euros y el rescate a una persona encerrada en la vivienda, 30–. Las suelen afrontar los beneficiarios de la intervención y de forma solidaria, los seguros, quienes hayan provocado el siniestro o los propietarios del lugar. Se gestionan desde la sección de Tributos Locales del Departamento foral de Hacienda y Finanzas.

La normativa que las regula no se tocaba desde 2013, cuando se introdujo algún cambio por la irrupción de la plaga de la avispa velutina. Ahora se actualiza para reducir aún más su «afán recaudatorio». Los ingresos por la participación de los profesionales en estas emergencias seguirán siendo residuales, de entorno al 0,5% de media respecto al coste del servicio, que es de 37,6 millones al año. Además de adaptar estos impuestos a la relidad actual, los responsables de Emergencias forales han decidido introducir las exenciones mencionadas para evitar cualquier mal trago adicional a las víctimas.

«Hay determinados tipos de actuaciones en las que la tasa puede suponer un dolor añadido. Se ha intentado diseñar un sistema más racional y más empático con la ciudadanía. Bastante tiene, por ejemplo, la víctima de un incendio como para que después le llegue una factura. Se trata de no agravar el daño», relatan fuentes forales. Los rescates de animales, muy frecuentes – recientemente, los bomberos salvaron a un caballo atrapado en un paso canadiense de La Arboleda– también se cargan a sus propietarios y en este caso, se pretende que no se deje de dar aviso al 112 o de recoger al animal para no ser penalizado.

Eso sí, el Departamento de Hacienda y Finanzas seguirá cobrando la tasa por los rescates a causa de una negligencia flagrante –por ejemplo, alguie que ha salido a la montaña con alerta roja– con hasta 655 euros por la primera hora de intervención; o a los responsables de los incendios domésticos o forestales si los fuegos son provocados. Hay más ejemplos. La nueva norma foral contempla que Hacienda siga enviando recibos por la extinción de incendios en negocios de hostelería, talleres o pabellones industriales independientemente «de quién realice el requerimiento». El cuerpo seguirá informando también a Hacienda de las actuaciones en accidentes de tráfico. Verán incrementado su coste, aunque en estos casos el seguro habrá de afrontarlo. Aun así, el cuerpo nunca hará las cuentas si en los siniestros hay víctimas mortales. También estarán sujetas a pago las actuaciones por fuga de gas, la disposición de retenes de prevención, los achiques, el saneado de construcciones o retirada de árboles, así como las inspecciones solicitadas en tareas de prevención. Además, también habrán de pagarse los informes, las investigaciones o los simulacros.

Otra de las novedades de la norma es que modifica la forma de «confeccionar» la tasa. Ahora, el coste varía en función de la ubicación de la incidencia y de los medios empleados. Hay un precio por la salida de cada vehículo (el de la autombomba es de 50 euros) y por hora de permanencia, mientras que las incidencias en la capital, la zona portuaria y fuera del territorio histórico el importe se duplica y se aplica, además, kilometraje. Cuando entre en vigor la nueva normativa, se calculará en función del tiempo real de intervención y el nivel de gravedad de la emergencia. Por ejemplo, la primera hora de uso de la autombomba o de la escalera saldrá por 120 euros, y 25 la de la mano de obra de un bombero.

El precio por la primera hora de intervención en un incendio industrial de nivel 4 se establece en 2.365 euros y en un accidente de tráfico,1.615. A partir de la primera hora, el coste «se atemperará» para evitar «la discrecionalidad», porque un mando u otro pueden mantener en «el mismo incidente más o menos recursos» y por más o menos tiempo.

Los bomberos utilizan ahora equipos y maquinaria más sofisticada, que se renueva cada 25 años, y realizan permanentemente cursos, por ejemplo en extinción de incendios de baterías, de atención de intentos autolíticos o de actuaciones en cascos antiguos, ya que es crucial que los conozcan como la palma de su mano. El cuerpo se compone de 440 funcionarios, a los que se suman unos 40 interinos.

La nueva norma foral implicará eximir de cualquier pago al menos el 17% de las salidas que realizan al año, unas 7.000. Ahora mismo, 33 de cada cien son para realizar salvamentos: el año pasado, realizaron 465 aperturas para acceder a viviendas con personas en riesgo; actuaron en 227 accidentes de tráfico y realizaron 114 rescates de montaña. Además, actuaron en 475 incendios exteriores – en mobiliario urbano o vehículos ligeros–, en 366 fuegos en viviendas, garajes o lonjas y en 66 incendios industriales y 103 forestales. Por otro lado, el 41%de sus actuaciones fueron las denominadas asistencias técnicas, como el saneamiento de construcciones, poda de árboles, limpiezas de calzada, operativos de prevención o fugas.

El servicio vizcaíno es el mayor de los seis que existen en Euskadi. Está formado por ocho parques (Ortuella, Zalla, Basauri, Arratzu, Artaza, Derio, Iurreta y Markina Xemein), de tal forma que se responde a todas las emergencias en 20 minutos.

Además, hay convenios con cinco asociaciones de Protección Civil de Lanestosa, Orduña, Carranza, Bermeo y Otxandio, a los que se dota de cisternas y medios básicos para dar el primer «arreón» a los incendios, aunque tienen indicado no poner en peligro su integridad en ningún caso. En las zonas limítrofes con otros territorios también han llegado a acuerdos para que las emergencias las atienda el parque más cercano, por lo que los bomberos forales actúan también en Gipuzkoa, Burgos o Cantabria.