Bilbao modifica 35 OPE para reducir la exigencia del euskera tras las últimas sentencias

La medida adoptada ahora por el Consistorio, que pretende evitar que se anulen todos estos concursos y garantizar su seguridad jurídica, supone volver a convocar procesos de 2023, 2024 y 2025 y reabrir las inscripciones con un menor número de plazas preceptivas de euskera. Antes, se va a reestructurar también la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para reducir la parte de la plantilla a la que se requiere un conocimiento del idioma.

Entre otras OPE, se van a ver afectadas las mayoritarias, como son la de administrativos, con 76 plazas, ya que incluye también las de 2025; la de Técnicos de la Administración General (TAG), la de subalternos, que se dedican a custodiar la entrada a edificios públicos o colegios, por ejemplo, que sacaba los 19 puestos perfilados, o la de trabajadoras sociales, ayudantes de bibliotecas o arquitectos. En estos procesos ya han presentado solicitudes más de 13.400 personas.

Un informe elaborado por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Bilbao y dirigido a la junta de Gobierno local advierte que, de no adoptar cambios, «los problemas jurídicos serán de gran relevancia y afectación con efectos desfavorables, no sólo para el Ayuntamiento sino también para un número muy elevado de personas». Recuerdan que al tratarse de un derecho fundamental, como es acceder a un empleo público en condiciones de igualdad, las impugnaciones y recursos se pueden formular en cualquier momento, incluso al final del proceso, cuando ya se hubieran nombrado a los opositores seleccionados.

Las consecuencias serían nefastas, como una posible «duplicidad de plantillas», ya que quienes hubieran obtenido plaza en el proceso recurrido «podrían ser considerados como aspirantes de buena fe», lo que «podría provocar un sobredimensionamiento de la plantilla, con grave afectación al capítulo del presupuesto municipal».

En el caso de esperar al recurso de casación interpuesto por la Diputación vizcaína, institución afectada por el mismo problema, ante el Tribunal Supremo, las oposiciones podrían incluso caducar y los interinos que ocupan esos trabajos tendrían derecho a una indemnización económica.

El cambio también afecta a la última OPE conjunta de Policía Municipal y Ertzaintza, convocada desde hace años por la Academia de Arkaute y que ya ha sido modificada. Preveía ofrecer el 90% de las 67 plazas perfiladas y han tenido que ser rebajadas hasta un 40%.

Junto con la modificación para rebajar la exigencia del euskera, el Ayuntamiento ha decidido aumentar el peso del PL3, equivalente al antiguo EGA, como mérito, al pasar de un 15% de la puntuación a un 20%.

El informe de Recursos Humanos advierte ante los «pronunciamientos judiciales de diferentes juzgados de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal Superior vasco, que efectúan un análisis restrictivo del índice de obligado cumplimiento», al considerarlo «como un máximo» en lugar de como un mínimo, como las administraciones vascas. Cita, entre otras sentencias, la de la Sección Tercera del TSJPV, que anuló 12 plazas de policías locales del Ayuntamiento de Irún, en las que se exigía, en todas ellas, PL2. Estas resoluciones consideran «discriminatorio» dar «preferencia a unos ciudadanos frente a otros por el mero hecho de que conozcan la lengua cooficial, pese a que no sea necesario para garantizar el derecho de los administrados a relacionarse con la administración en euskera».

Los sindicatos ELA y LAB se movilizaron el pasado miércoles, 9 de abril, contra la decisión «inaceptable» del Ayuntamiento bilbaíno de «suspender los procesos selectivos bajo el pretexto de la revisión de los perfiles lingüísticos». Con la excusa de la «seguridad jurídica», estos sindicatos creen que el Gobierno municipal ha emprendido el «camino contrario a la normalización linguística que debe darse en la administración» y «vendrán luego a fotografiarse en Euskaraldia. No necesitamos ese tipo de postureos». Por su parte, CC OO defiende la obligación de «ajustar las convocatorias al índice de obligado cumplimiento» para «ofrecer certezas a las personas inscritas».