El Gobierno vasco ofrece 1,8 millones para reabrir el ascensor de Begoña
Plantea abonar esa cifra a la concesionaria que suspendió el servicio en 2014 para liquidar el contrato y recuperar la gestión de la instalación
A las once de la noche del 8 de julio de 2014 el ascensor de Begoña dejó de funcionar. Según la empresa gestora, era una ... instalación deficitaria, en la que los números no salían. No era rentable, pero al tratarse de un servicio público, se abrió entonces un frente judicial con el Gobierno vasco, que quiso recuperar la concesión para poder poner de nuevo en marcha el elevador. El caso llegó hasta el Supremo, que en 2018 resolvió que la falta de actualización de las tarifas, no autorizada en su día por el Ejecutivo vasco, fue decisiva para que el negocio fuera inviable.
El alto tribunal condenó al Gobierno vasco, que debía poner en marcha la maquinaria burocrática para liquidar el contrato de gestión de servicio público y recuperar la explotación del elevador -en realidad son dos aparatos-. A cambio, debía indemnizar a la empresa por los beneficios que dejó de ingresar y por las instalaciones. Ese proceso ha llegado ahora a su fin. El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha dictado una orden en la que estima en 1.837.668,14 euros la cantidad que debe recibir la mercantil. Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, es la cifra que los técnicos de su departamento consideran ajustada a la realidad del servicio y que supondría la liquidación del contrato.
Esta oferta deber ser ahora estudiada por los responsables de la compañía. Si la aceptan, en cuestión de meses el ascensor de Begoña pasaría a manos del Gobierno vasco. Según las fuentes consultadas, la previsión de Lakua sería acometer de inmediato las obras de rehabilitación necesarias para poner al día la maquinaria y toda la instalación en general para, acto seguido, ceder la gestión del elevador al Ayuntamiento de Bilbao, que pasaría a ser el encargado de reabrirlo.
Pero también cabe la posibilidad de que los gestores de la mercantil no acepten la propuesta del Ejecutivo y decidan abrir un nuevo frente judicial, que arrancaría con un recurso de reposición ante el propio Gobierno vasco y podría continuar en la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se diera este caso, el ascensor de Begoña se vería inmerso en un nuevo laberinto judicial que retrasaría sine die su reapertura.
200.000 euros en pérdidas
En su propuesta, la consejería dirigida por Iñaki Arriola desgrana que entregaría esos 1,83 millones a la empresa, pero que ésta a su vez debería hacer frente de forma automática a diversos pagos pendientes. Por ejemplo, más de 1,4 millones tendrían que ser transferidos al Ayuntamiento de Bilbao en concepto de «gastos de reparación y rehabilitación» de las instalaciones. En las últimas décadas, el Consistorio se ha visto obligado, «ante la inacción de la propiedad», a acometer obras de urgencia para evitar accidentes. Así, tuvo que reforzar la estructura ante el peligro de caída de cascotes y cristales, reparar la cubierta, remediar el vandalismo... Otra parte del dinero serviría para pagar las indemnizaciones al personal, en concreto seis empleados, así como el dinero adeudado a la Seguridad Social y los adelantos realizados por la compañía. En total, más de 125.000 euros.
La propuesta plantea indemnizar con 200.834 euros a la empresa por «pérdidas incurridas y beneficios no obtenidos entre los años 2009 y 2014», así como 12.180 euros por los locales de la planta baja y la primera planta. En la orden se descarta específicamente abonar cantidad alguna a la concesionaria por los gastos derivados de los procedimientos judiciales que han mantenido entre las partes los últimos años ni por las posibles pérdidas o beneficios no obtenidos entre los años 1995 y 2014. Tampoco por lo dejado de ingresar hasta 2042 (año en el que finalizaba la concesión), puesto que las previsiones realizadas por la empresa son una «quimera».
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