Prieto debería dimitir si se abre juicio, según el código ético del PSE

El PSE-EE no se personará en el caso del parlamentario autonómico Txarli Prieto y su secretario de Organización en Álava, Víctor García Hidalgo, imputados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y ha recordado que ambos tendrían que renunciar a sus cargos si se abre juicio oral.

Los dos cargos socialistas han sido citados a declarar como imputados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el próximo 30 de septiembre en relación con las obras que realizó en sedes socialistas Escoiba, S.A., una empresa participada por Txarli Prieto. En el auto, difundido hoy por el TSJPV, el Tribunal informa al PSE de su derecho a personarse en la causa como "persona perjudicada u ofendida" por los hechos que se investigan. Fuentes del partido han indicado hoy a Efe que el PSE no se personará en el caso porque no se considera perjudicado por la actuación de sus dos cargos.

Asimismo, han recordado que, de acuerdo con el código ético del partido, los dos imputados tendrían que renunciar a sus cargos en el caso de que el juez decida la apertura de juicio.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJPV admitió a trámite el pasado mes de julio la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal y se declaró competente en este caso. El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, presentó una denuncia contra Prieto por los supuestos delitos de estafa y falsedad documental en relación con las obras realizadas en sedes socialistas alavesas por una empresa participada por él cuando era secretario general de los socialistas alaveses.

Por estos trabajos se emitieron unas facturas de casi 50.000 euros y el TSJPV deberá dilucidar si "se corresponden a trabajos efectivamente realizados" en locales del PSE o si los denunciados acordaron emitirlas con ánimo de lucro para no perder la asignación que anualmente aportaba el PSOE "para sufragar gastos de seguridad" ante la amenaza terrorista, según consta en el auto.

El origen de este caso fue una denuncia anónima presentada contra Prieto el pasado abril por el supuesto encargo de obras en sedes del PSE alavés a una antigua empresa participada por él, Escoiba S.A. Cuando esta denuncia salió a la luz, Prieto justificó ante los medios de comunicación estas contrataciones por razones de "seguridad" y "confianza" derivadas del problema del terrorismo.