UPyD denuncia al Gobierno vasco por malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude

El portavoz parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, denunció hoy formalmente en los juzgados de Vitoria al Gobierno vasco por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude al haber pagado la publicación de determinadas informaciones en la prensa. UPyD solicita la apertura de las correspondientes investigaciones.

El Parlamento Vasco censuró hace una semana al Gabinete de Urkullu por estas prácticas al entender que vulneran la Ley de Publicidad Institucional, pidió la depuración de responsabilidades y reclamó la recuperación del dinero. Estas prácticas están ahora también en manos de los tribunales al cumplir UPyD su anuncio de judicializar el caso.

Maneiro acudió este mediodía a los juzgados de Vitoria y registró la denuncia de unos hechos que, según el partido, podrían ser constitutivos de sendos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones publicas y prevaricación, y deberían ser investigados por los jueces para "el descubrimiento de los hechos y los responsables".

La denuncia, elaborada por los servicios jurídicos de UPyD, está acompañada de una descripción de los contratos suscritos entre el Gobierno Vasco y el Grupo Noticias para la publicación de entrevistas y reportajes o la emisión de programas de radio, y subraya que estas informaciones no fueron en ningún momento identificadas como publicidad institucional.

Se trata, expone, de entrevistas e informaciones por las que los medios de comunicación no cobran. "Ha pagado por publicar reportajes noticias y entrevistas a pesar de que tales tipos de publicaciones son por definición gratuitas, pues pertenecen a la propia esencia informativa que justifica la creación y labor de los medios".

Hasta 90.000 euros

Según sostiene UPyD en su denuncia, estas prácticas esconden "el desvío de fondos o caudales públicos a diversos medios de comunicación afines sin motivo o causa alguna que justifique tales disposiciones patrimoniales y al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido. UPyD dice que estos contratos suman más de 90.000 euros.

Eso sí, y tras analizar de forma detallada cada uno de estos contratos, el escrito registrado en los juzgados advierte que "obviamente pueden ser sólo uno pequeña parte de los casos reales de entrevistas y noticias compradas a los medios con dinero público, que habrán de ser objetivo de investigación de las presentes diligencias".

Por su parte, el PSE registró en las últimas horas varias preguntas parlamentarias al lehendakari Iñigo Urkullu sobre el mismo caso con el objetivo de que detalle las medidas adoptadas de cara a cumplir el mandato de la Diputación Permanente del pasado 7 de julio de recuperar el dinero invertido en la publicación de las citadas informaciones.