Una empresa alavesa fue la que promovió el cierre de los nueve canales
Infraestructuras y Gestión 2002 destaca que su objetivo siempre ha sido el de asegurar la pluralidad, la libre competencia y el derecho de todos los operadores a participar "en un concurso público en igualdad de condiciones"
elcorreo.com
Martes, 6 de mayo 2014, 01:36
La empresa alavesa Infraestructuras y Gestión 2002 S.L., que recurrió ante el Tribunal Supremo exigiendo el cierre de nueve canales TDT, emitió un comunicado para explicar los motivos por los cuales actuó de esa manera. La compañía cree que el "cumplimiento efectivo" se producirá cuando se saquen a concurso esas licencias
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La empresa, ubicada en Vitoria, cuyo último balance presentado en el registro es del año 2012, refleja un rango de ventas "entre 0,6 y 1,5 millones euros". Además, recuerdan que no es propietaria de ninguna cadena de televisión ni responsable de la elaboración de contenido audiovisual alguno y añade que su trabajo se reduce a prestar el servicio de red de telecomunicaciones a emisoras de radio y televisión. Asimismo, denuncian que durante todo el proceso judicial "ha sufrido el acoso y beligerancia de las Administraciones que desconocían el marco legal aplicable, entre ellas el Consejo Audiovisual y la Dirección General de Medios Audiovisuales de Cataluña
Reclaman a la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) que "cese en las 'negociaciones' con el Ministerio de Industria" sobre el contencioso que estudia el Tribunal Supremo en relación a la "legitimación" de otros ocho canales de TDT, ya que entiende que la búsqueda de un "acuerdo contrario a la legislación nacional y europea" supone una "clara injerencia en la independencia del Poder Judicial".
Infraestructuras y Gestión 2002 destaca que su objetivo siempre ha sido el de asegurar la pluralidad, la libre competencia y el derecho de todos los operadores a participar "en un concurso público en igualdad de condiciones". Recalca que la iniciativa ante los tribunales se presentó por la "ilegalidad manifiesta" en la concesión de los canales y para evidenciar que la Administración, tanto nacional como autonómicas, "ignoraban el alcance del nuevo marco legal" surgido como consecuencia de la trasposición de las Directivas Europeas en la materia.
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