Acusan a Marina Castaño de quedarse con una devolución de IVA de la Fundación Cela

La entidad Lengua y Literatura, constituida con capital de la Fundación Camilo José Cela (al 80%) y Marina Castaño (20%), absorbió el IVA de las obras de rehabilitación de dos inmuebles pertenecientes al organismo que lleva el nombre del Nobel y que fueron subvencionadas con fondos públicos.

Así se constata en un informe pericial que ha sido incorporado a la investigación abierta en los juzgados de Padrón a raíz de una denuncia presentada por una vecina de la localidad gallega contra la gestión de la fundación de la mujer del escritor, Marina Castaño, y del exgerente, Tomás Cavanna.

Lengua y Literatura se constituyó en 1998 con el objetivo social de la «administración, tenencia, rehabilitación, explotación y arrendamiento de inmuebles que sean propiedad de sus socios»; es decir, gestionaba fundamentalmente propiedades de la Fundación Cela.

El informe pericial afirma que Lengua y Literatura «ha recuperado el IVA en las facturas pagadas por la rehabilitación» de las dos casas, que fundamentalmente fueron subvencionadas con «fondos públicos».

La acción «se consumó» el 15 de septiembre de 2010, cuando se disolvió esta sociedad, y se produce la entrega a la fundación de los edificios por un valor de 1,27 millones de euros «del que indubitadamente se excluyó el IVA», apunta el documento, que cifra el impuesto en casi 200.000 euros.

Empleados irregulares

La Fiscalía presentó una denuncia en junio de 2012 ante el Juzgado de Instrucción de Padrón, en la que establecía que había «base» para investigar la posible comisión de delitos de estafa, apropiación indebida y otros, como fraude fiscal, por el desvío a una sociedad privada de las devoluciones del IVA de la Fundación Cela, que está exenta de tributación, así como por cargar a esta entidad cultural gastos privados.

La vecina denunciante alertaba también de que varios empleados que figuraban como trabajadores de la Fundación Cela, que abonaba sus salarios, «en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela».

Al respecto, la Fiscalía consideró como hechos que el empleo de subvenciones de la fundación para contratar personal «era una práctica habitual en la denunciada desde hace algunos años» y que «se ha mantenido en la actualidad».