Vitoria pide vetar a los porteros de pubs y discotecas con «comportamientos violentos»

Hace unos meses, el Parlamento vasco aprobó la petición de endurecer los requisitos para ser personal de admisión tras la muerte de Kerman y otros episodios violentos en lugares como Bilbao. A raíz de ese ruego, el Departamento de Seguridad inició la revisión de la normativa vigente «a raíz de ciertos eventos se han puesto de manifiesto posibles aspectos de mejora». Y ahí es donde entra el Gobierno local. Según ha sabido este periódico, Lakua recibió el viernes un documento, firmado por la alcaldesa Maider Etxebarria, con tres propuestas básicas de mejora.

De primeras insta a «adoptar medidas cautelares que puedan conllevar, entre otras, la retirada inmediata del título habitante para ejercer dicha función (a los porteros) con comportamientos manifiestamente violentos» durante el desarrollo de su labor de control de acceso.

Esa inhabilitación exprés, creen en la plaza de España, ayudaría a «garantizar la eficacia inmediata de la inhabilitación como protección del interés público en juego o de la ciudadanía». En marzo, en el conjunto del municipio había 255 personas con licencia para realizar el control de accesos. «Pero esto no quiere decir que todos trabajen en Vitoria», precisaba entonces el Departamento vasco de Seguridad a este periódico.

El portero, ahora interno en la cárcel alavesa de Zaballa, como único sospechoso de acabar con la vida de Kerman, tenía dos denuncias previas por supuestas agresiones a clientes. Una de ellas se cerró con una sentencia absolutoria. En base a ese ejemplo, el Gabinete Etxebarria solicita que los locales de ocio vascos informen de inmediato de «la apertura de cualquier procedimiento penal contra el personal destinado al control de acceso a su cargo». De no hacerlo, estos negocios hosteleros podrían enfrentarse a sanciones económicas.

En tercer lugar, el Ayuntamiento de Vitoria ha detectado que «en numerosas ocasiones», el personal de seguridad privada «realiza funciones de control de acceso, estando uniformados o con distintivos de pertenecer a seguridad privada». Se refiere a los conocidos popularmente como vigilantes de seguridad. Solicita, por tanto, «la prohibición taxativa de que los servicios de vigilancia de seguridad puedan establecer controles de acceso». En la capital alavesa, deslizan policías locales encargados de las inspecciones de estos locales, «es anecdótico».

En el debate parlamentario que motivó la petición al Gobierno de Imanol Pradales para revisar la actual normativa, varios representantes de los grupos políticos reclamaron «endurecer» los requisitos para ser personal de admisión. Entre sus sugerencias, apostaron por incluir formación en Derechos Humanos y contra la discriminación. También, los parlamentarios se preguntaron si la administración no podría adoptar medidas cautelares y revocar licencias ante denuncias por uso de violencia.

Aquella declaración, germen de este proceso abierto, salió adelante con los votos de PNV, PSE, EH Bildu y Sumar. Y ahí es donde entra esta consulta aún en estudio por parte del Departamento vasco de Seguridad, y que el lunes cerró su plazo de alegaciones de la resolución emitida por la directora de Juegos y Espectáculos, Nerea Alday. Tanto organismos públicos como asociaciones o ciudadanos podían remitir sus sugerencias.

Con esta iniciativa todavía por concretarse, el Gobierno Vasco considera que hay margen de mejora «en la regulación actual aplicable al personal de servicios de admisión». La resolución, de hecho, se plantea la conveniencia de «revisar la normativa vigente y, en su caso, introducir las modificaciones oportunas», con el fin de «corregir aspectos que la experiencia en su aplicación ha demostrado que pueden mejorarse».

En aquel primer texto por definirse, Alday indica que «se ha planteado la necesidad de un control más exhaustivo en relación con la habilitación del personal del servicio de admisión» y se han «detectado aspectos a mejorar».

Mientras tanto en Vitoria, la discoteca en la que estaba empleado el sospechoso de acabar con la vida del joven de 31 años ha cambiado de manos. Hace unas semanas reabrió sus puertas con un nuevo nombre y gerencia. Entre medias, la Policía Local y Medio Ambiente inspeccionaron varios pubs y discotecas de la ciudad en busca de posibles infracciones.