Vitoria adjudica a Ferrovial el contrato de limpieza dos años después

Cuatro meses después de que el órgano de contratación del Ayuntamiento designara como la oferta más ventajosa la de Ferrovial, a través de su filial Cespa y en colaboración con Onaindia, el gobierno local ha dado luz verde a la propuesta de adjudicación. El contrato más cuantioso de la Administración local había permanecido paralizado durante más de dos meses mientras los técnicos analizaban las aclaraciones de Ferrovial en la oferta económica. La resolución de la Mesa de Contratación llevó a FCC, la segunda que más puntuacion obtuvo, a denunciar «graves irregularidades» en el proceso. La multinacional aseguraba que el Ayuntamiento tuvo que excluir la oferta de su gran competidora y asegura que, llegado el caso, presentará un recurso en los tribunales de Justicia.

El nuevo servicio incluirá diversas novedades más allá de las cerraduras electrónicas, que obligará a los vitorianos a pagar más por lo que no reciclen. Se trata de más de mil contenedores sustituidos y que serán repartidos por islas; la mejora en el puerta a puerta de los comercios y una mejora de las frecuencias en los camiones de recogida selectiva. Además, el contrato fija como nuevos objetivos el reciclaje del aceite de cocina y la ropa usada, además de repartir 40.000 vasos reutilizables en La Blanca, cuando vuelva a celebrarse.

El Gabinete Urtaran da así carpetazo, al menos de forma provisional, a uno de los procesos más intrincados de los últimos años. El primer concurso, convocado hace ya más de dos años, quedó desierto después de que las tres empresas aspirantes «incumplieran» algunas condiciones relacionadas con «cuestiones básicas» en cuestiones de accesibilidad. El contratiempo supuso un considerable retraso y obligó al Ayuntamiento a convocar otro proceso por el procedimiento de urgencia, cuya conclusión estaba prevista para finales del pasado año.

El órgano de contratación concedió la mayor puntuación a Ferrovial el pasado noviembre, pero FCC protestó porque entendía que era la única empresa que cumplía los requisitos de las cerraduras electrónicas, por lo que también recurrirá. En aquella ocasión, Gorka Urtaran expulsó a los grupos políticos de la Mesa después de que las puntuaciones se dieran a conocer antes de que ésta se reuniera. Tras más de cuatro meses de espera para que el mismo órgano estudiara las aclaraciones económicas de Cespa, que después aceptó, el gobierno local ha dado este martes el último paso del proceso.