Okupan un piso social del Ayuntamiento de Vitoria y se van tras no ser denunciados

La salida se completó alrededor de las 17.00 horas. Finalizaba una montaña rusa con este domicilio propiedad del Ayuntamiento de Vitoria, gestionado por Ensanche 21 y cedido a los servicios sociales municipales para albergar a personas sin recursos. El tema es que esta familia –ayer, al menos, compuesta por dos varones, una mujer y un menor– se saltó la lista de espera.

La Policía Local fue alertada la tarde del lunes de la entrada ilegal en el inmueble. Sin embargo, argumentan desde el Departamento de Seguridad, no se procedió al desalojo –la ley lo permite en las primeras 72 horas– al «no estar acreditado» cuándo se colaron y manejar informaciones contradictorias. Mientras unas fuentes hablaban de «esa misma jornada», otras situaban la acción delictiva «una semana atrás».

Como el piso carece de alarma o de videovigilancia para salir de dudas, la jefatura de Aguirrelanda optó por la prudencia. En la mañana de ayer, eso sí, continuaron las negociaciones. Sobre las 13.00 horas, según ha sabido este periódico, se llegó a un pacto verbal para irse «a cambio de no ser denunciados».

En este sentido, un técnico de Ensanche XXI incluso les entregó la promesa por escrito. De manera paralela, los servicios sociales estudiarían su caso al haber un menor involucrado.

Pero cuando el portavoz de los okupas subió a la estancia, todo cambió. «Dicen que han hablado con su abogado y que no se mueven». Ahí, la Policía Local abandonó el lugar y se activó la opción de la denuncia, sin abandonar el diálogo.

Por lo que sobre las cinco de ayer martes, el Departamento de Seguridad y el de Urbanismo informaron a este periódico del nuevo cambio de parecer de los okupas. Esta vez, definitivo, por lo que dejaron la estancia libre.

Esta mañana de miércoles, explicaron desde Urbanismo, el piso «ya está cerrado y se ha colocado una alarma». El propósito es que en próximas fechas se alquile a personas en situación de vulnerabilidad.