Marina y María, dos brujas alavesas que se libraron de la hoguera
Los tribunales de justicia absolvieron a las dos mujeres a las que sus vecinos querían condenar
El fenómeno de la brujería se desarrolló en Álava, como en el País Vasco, España y Europa, a lo largo del siglo XV y XVI. ... El profesor de la UPV, Ernesto García Fernández, un especialista en este período, ha investigado las biografías de María Pérez de Yartua y Marina de Otaola, dos sorgiñas de Aramaio y de Okondo, respectivamente, y lo ha publicado en su recomendable libro 'Miradas desde el medievo' (Sans Soleil y Sancho el Sabio, 2023).
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La denuncia contra Marina de Otaola
Tres hombres, como no, denunciaron a Marina de Otaola por ser bruja entre 1501 y 1514. El licenciado Luis de Arriaga, alcalde mayor de la Tierra de Ayala, el vecino de Okondo, Martín de Furstisaustegui, y el doctor Juan de Orduña, Fiscal de la Audiencia Real de Valladolid. Martín llegó a decir que Marina «era hechicera pública y secreta, y encantadora y jorguiña, y había hecho mucho y diversos hechizos con muchas personas del dicho valle y fuera de él».
Aunque Marina no tiene formación médico-sanitaria, las denuncias tratan de censurar que intente curar a los enfermos, pues se le culpaba de que a pesar de sus hechizos y hierbas no lograba sanar a los pacientes. Por el contrario, se ponían más enfermos todavía e incluso llegaban a morir. También fue acusada de arrebatar los bebes a sus madres para matarlos y de dar pócimas de amor para enamorados, hombres y mujeres, indistintamente.
Un tribunal local de la Tierra de Ayala condenó a Marina y decidió confiscarle parte de sus bienes. Ella se defendió y le dijo al alcalde que era ignorante de lo que se le acusaba y que no había cometido delito alguno. La condena fue de dos años de destierro de la Tierra de Ayala, el pago de una multa de 4.000 maravedíes para la caja del Conde y a sufragar todas las costas del juicio. Tenía que hacer el pago en un plazo de ocho y nueve días. Si no lo hacía el destierro sería de cuatro años y si persistía se le darían cien azotes mientras era llevada encima de un asno por los lugares acostumbrados.
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La condenada apeló la sentencia al tribunal de la Real Chancillería de Valladolid, que la revocó. Los tres miembros de la Chancillería que firmaron el nuevo fallo eran los licenciados Menchaca, Leguizamón y Sarmiento. Los dos primeros eran vascos y conocían perfectamente la problemática de las brujas en las tres provincias.
Los jueces ordenaron la devolución a Marina Otaola de todos los bienes que le habían confiscado mientras estaba en la cárcel. El pleito lo ganó Marina, pero sin duda, como observa Ernesto García Fernández, «la acusación dejó marcada a esta mujer y a su familia en la Tierra de Ayala».
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Es curioso, en este caso no intervino inquisidor alguno, y el proceso se resolvió en el ámbito de los tribunales ordinarios y extraordinarios de la administración castellana. El fallo de Valladolid viene a desmentir también la dureza de la justicia contra las brujas en esos siglos. Había más odio y animadversión entre la población más cercana que en los poderes públicas.
La denuncia contra María Pérez de Yartua
María Pérez de Yartua era partera. En su delicado oficio no siempre los alumbramientos terminaban bien, por lo que si había deficiencias en el recién nacido o moría siempre se podía sospecha de las comadronas como brujas.
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María fue inculpada como bruja en 1513. Los denunciantes fueron Pedro de Ibabe y Juan de Yurria, procuradores síndicos del concejo de la Tierra de Aramaio, asistidos por el doctor Juan de Orduña, procurador fiscal de la Audiencia Real de Valladolid. La argumentación de la acusación es sorprendente. «Había en dicha Tierra y Valle de Aramaio muchos hechiceros y agoreros y otras personas que usaban de artes mágicas y jorguinerías y hechicerías tanto de día como de noche por cuya causa Nuestro Señor permitía la esterilidad de la Tierra, porque de mucho tiempo a aquella parte, especialmente de dos o tres años próximos pasados y más tiempo, se había perdido el pan y manzanas y frutales y se hallaban muchos polvos malos en los tales panes y árboles y muchos vefoos (sic) soterrados en las heredades con arte diabólica. Y se creía que se habían echado por forma de hechicería como algunos que se habían quemado en los años pasados por maléficas lo habían confesado que lo solán hacer. Por ende, que le pedía y requería hiciese pesquisa e inquisición sobre lo suso dicho y a los que en ello hallase culpantes los puniese y castigase conforme a derecho y ley de estos Reinos».
El procurador pidió al alcalde Miguel de la Rentería que procediese contra María de Yartua y contra otras mujeres que habían sido culpadas por la pesquisa abierta ejecutando en sus personas y bienes las mayores y más grandes penas criminales y capitales. El nuevo procurador síndico del concejo de Aramaio, Juan de Yurria, exigió lo mismo. Pero como solía ser habitual en estos casos, Maria de Yartua se declaró inocente de las acusaciones y delitos contra ella presentados.
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«Porque ella no era bruja ni hechicera ni mala mujer, antes dijo que era buena cristiana y que como tal solía hacer y cumplir todo lo que la Santa Madre Iglesia mandaba y que nunca hizo jorguinerías ni hechicerías y pidió ser dada por libre y quita de dicha denunciación y acusación y restituida en su buena fama y honra».
La sentencia fue pena de tormento «que le sea dado con moderación y templanza y por los intervalos atenta la calidad de persona de la dicha María Pérez y el derecho y las leyes reales de estos reinos».
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Aunque en un primer momento los jueces de Valladolid Menchaca, Leguizamón y Sarmiento ratificaron la pena, tras revisar el fallo absolvieron a María el 31 de septiembre de 1517.
La absolución mostraba un hecho claro: la represión contra estas mujeres era mucho más contundente en los lugares de origen que en la Corte. La documentación, según Ernesto García Fernández, refiere de forma expresa que en el Valle de Aramaio se reprimió con dureza a estas mujeres y se ejecutó a varias personas antes de 1517.
Creencias, prejuicios y recelos de la sociedad
Muchos vecinos estaban convencidos de que las brujas existían, que mataban a los niños, provocaban la esterilidad de los campos o las malas cosechas con sus maleficios y hechizos.
El catedrático de la UPV destaca que los prejuicios y los recelos existentes socialmente acerca de aquellas mujeres que socorrían a las embarazadas en el momento del parto o ayudaban a las jóvenes en sus enamoramientos con pócimas y amuletos fueron descomunales. En ese ambiente socio-cultural resultó fácil a algunas personas, clérigos o laicos tipificar a estas mujeres como miembros de una organización diabólica, una secta que quería acabar con la iglesia oficial y con el cristianismo. Estas ideas se esparcieron a lo largo y ancho de la Cristiandad, en especial desde el siglo XV. Mucha culpa de su aceptación entre los feligreses cristianos la tuvo esa lucha maniquea entre el bien y el mal, entre la virtud y el pecado, entre Dios y el diablo. El espacio vasco no escapó del imaginario maléfico de las brujas. Se puede comprobar en los pleitos que acogen las denuncias de mujeres acusadas de ejercer la brujería en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra durante los siglos XIV al XVI. Al menos, Marina y María se libraron de los duros castigos y de morir quemadas.
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