Una jueza tumba las obras de Uleta al asegurar que «sólo pretendían obtener una indemnización»

El rifirrafe por la urbanización de Uleta, situado entre Armentia y Lasarte se remonta varios años atrás, pero alcanzó su máxima expresión hace ahora dos años. Fue entonces cuando se produjo una situación un tanto surrealista, que se interpretó como el colofón a la escalada de tensión entre los propietarios de los terrenos del sector 17 y el Consistorio, entonces encabezado por Gorka Urtaran. Las máquinas apenas actuaron durante unas horas, hasta que el Consistorio envió a la Policía Local para frenar la obra. El choque derivó entonces en una oleada de demandas y recursos en los juzgados que todavía colean.

Los propietarios recuerdan que el proyecto se encuentra aprobado por el Ayuntamiento desde antes de 2010, y que tiene vigencia. El Ayuntamiento, por su lado, cuestiona esta postura, recuerda que el inicio de la obra se produjo cuando las nuevas licencias estaban suspendidas y asegura que el proyecto no puede desarrollarse por fases. En este sentido, cabe recordar que las obras que se contrataron pertenecen a un tramo del sector 17, no en su totalidad. En concreto, se centra en a la zona que une los terrenos con el sector 16 a través de la antigua Ronda Sur. Además, el Consistorio cuestionaba que uno de los propietarios fuera a encargarse del desarrollo de los trabajos.

El fallo respalda al Ayuntamiento en su decisión de suspender la obra, pero no sus argumentos en bloque. Por ejemplo, recalca que Yarritu «manifestó su voluntad de abstenerse» en el proceso de contratación. Además, en el aspecto de las licencias, da la razón a los propietarios. «Los proyectos ya estaban aprobados», subraya la jueza. La norma, en este sentido, afecta a nuevas licencias y proyectos, pero no a autorizaciones que ya estaban concedidas.

Estos aspectos, sin embargo, no restan un ápice de contundencia que muestra la sentencia a la hora de tumbar el arranque de las obras de Uleta. La jueza remarca que en la asamblea del 19 de junio de 2021 la propia junta de concertación (los propietarios) aprobó la licitación «con el objetivo de consolidar los derechos de los propietarios, de forma que con el inicio de la urbanización la situación sea indemnizable». El fallo traduce esta literalidad del acta de la sesión de la siguiente manera: «En otras palabras, únicamente pretenden iniciar las obras para obtener una indemnización, cuando no lo han hecho durante años y cuando ya son conocedores de que tales obras serán contrarias al nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) y, por tanto, al interés general».

La sentencia abunda en que los propietarios ya habían sido «informados de que el Ayuntamiento iba a proceder a la aprobación» del primer documento del Plan General, que ya planteaba desclasificar (frenar el desarrollo) de estos terrenos. En este sentido, también considera «irrazonablemente tardío» el plazo para iniciar las obras. El plan urbanístico de esa zona de la ciudad fue aprobado en 2006, mientras que el proyecto de urbanización lo hizo en 2009.