Delito de terrorismo

El jubilado que envió una carta bomba a Pedro Sánchez se encierra en su piso de Miranda

Tras pasar casi dos meses en prisión, el 14 de abril, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le concedió la libertad provisional ante sus nulas opciones de escapar a Moscú o algún paraje comunista sin tratado de extradicción. Pero no ha sido hasta esta semana cuando le han sentido sus vecinos, los mismos que asistieron atónitos al despliegue policial y la increíble cobertura mediática que comprendió hasta el New York Times.

Aunque cada semana debe pasar a firmar por los juzgados de la localidad burgalesa, nadie en su bloque, enclavado en la calle Clavel, ni en el barrio de La Charca le ha visto. Ha abandonado sus largos paseos matutinos o esos cafelitos casi siempre en la misma mesa del bar Quijote. «A ver si coge confianza y viene. Será bien recibido», comenta un parroquiano.

Pero este septuagenario maravillado por internet –todos los componentes de sus artefactos pirotécnicos los adquirió en Amazon– ha vuelto a su pequeño piso de 45 metros cuadrados, comprado con la parte de una herencia. «Sí sí. Llegó como hace una semana. Le oímos caminar. Aquí las paredes son finas», desvela una residente. «Mi madre vive en enfrente y ha visto cómo enciende las luces cuando anochece», señala otro residente. Desde la calle nada parece haber cambiado en ese tercer piso donde la Policía intervino medio centenar de enseres. Entre ellos, imágenes de Lenin y La Pasionaria o un artículo sobre el libro de José Luis Corral 'Matar al rey'. Nada no. Una de las ventanas aparece semiabierta. Una sombra observa tras la cortina.

«Pensaba que se había ido al pueblo de su familia, cerca de Burgos. Deberían hacerle pregonero de las fiestas de San Juan del Monte», solicita otro habitante del barrio. Se nota que Pompeyo genera simpatía a pie de acera. Sus bombas sólo provocaron una herida superficial a una empleada de la embajada ucraniana.

Su familia en Vitoria ha hablado con varios abogados para que lleven su defensa. Probablemente se enfrentará a varios cargos de «terrorismo» y de «fabricación de explosivos», que podrían alcanzar los veinte años entre rejas. Hasta que la Policía Nacional descubrió que él era la persona detrás de los envíos realizados entre noviembre y diciembre su mayor infracción había sido aparcar sin poner la OTA en una calle de Vitoria un lejano 27 de diciembre de 2001. El Ayuntamiento le puso una multa de 30 euros y cinco céntimos.

28 de abril. Día grande en Álava, donde se empleó en los cementerios de Santa Isabel y El Salvador y también como celador en Osakidetza. En cambio, el sosiego reina en la calle Clavel. «Sube, pregúntale», animan varios residentes. Timbrazo. Se oyen unos pasos. Un caminar lento. La mirilla se mueve. Tras unos breves segundos, desde el otro lado se escucha cómo giran la llave... Para asegurar la puerta. Y de nuevo más pasos que se alejan hasta volver un silencio sepulcral.