Jardineros encargados de parques y zonas verdes de Vitoria convocan una huelga indefinida

Esto «no refleja el aumento del coste de la vida. Casi no llegamos a fin de mes», han denunciado Iñigo López de Arroyabe, del sindicato ESK, y Rafa Busto, de ELA, en el turno popular de la comisión de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria de este miércoles. Esta situación de «precarización» provoca que «hay gente que a los pocos días deja el puesto porque el salario es muy bajo». Los portavoces han reclamado al Gobierno municipal «una intermediación» con la empresa para «llegar a un acuerdo» con el que se consigan mejorar sus condiciones.

Hablan de «carga de trabajo añadida» y «bajas que no se sustituyen». La situación, han alertado los representantes de la plantilla, se ve reflejada en el servicio, «cada vez más deficiente». «No se cumple con todo establecido en el pliego, hay muchas deficiencias», han señalado. Personal y empresa se han citado a una reunión en la jornada del 25 de este mes. «Si la empresa no da una solución, estaremos dispuestos a la huelga, no tenemos mucho que perder».

Por parte del Gobierno municipal, la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal (PNV), ha ofrecido su «mano tendida» para tratar de «evitar» esa huelga. Si bien ha recordado que ella misma y personal de su departamento han mantenido contactos con la empresa tras los cuales «la empresa convocó la mesa de negociación». «Intermediaremos con la empresa para buscar soluciones, hay margen para conseguirlo», se ha comprometido.

Eso sí, la jeltzale ha puntualizado que el Consistorio licita un contrato «en base a las reglas de juego» del convenio estatal, que es el que debería ser «revisado» y les ha instado a dialogar con Enviser. «El Ayuntamiento sí está cumpliendo». El contrato se adjudicó el pasado año por un periodo de 4 años con posibilidad de otro de prórroga. Desde la oposición, EH Bildu ha censurado el pliego elaborado por el equipo de Gobierno «en base a criterios que van a generar problemas», un contrato que supone «cuatro millones anuales». El PP ha abogado por «actuar» por esta «situación indeseada», mientras Elkarrekin Podemos ha pedido «no mirar a otro lado» y ha alertado del «riesgo del colapso del servicio».