Igor Aizpuru

El Gobierno vasco niega el borrado del expediente de obras de Uleta y alega un «error» informático

Hacienda desmiente la versión de la denuncia de los propietarios, que aseguran que fue una «eliminación intencionada» de los archivos

Viernes, 18 de febrero 2022, 12:50

El Gobierno vasco niega que haya existido «ningún borrado ni recuperación de datos» en el expediente de contratación de obras de Uleta. El departamento de ... Hacienda afirma que existió una «incidencia puntual» con los archivos el pasado 26 de enero, pero que fue «en todo momento fortuita, sin que haya intervenido el factor humano». Con esta explicación, remitida a este periódico, la Administración autonómica ha salido a desmentir la versión que reflejaron los propietarios de los terrenos en la denuncia presentada ante la Ertzaintza, en la que hablaban de una «eliminación intencionada de los archivos».

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Los dueños de los terrenos situados entre el alto de Uleta y la carretera de Lasarte, donde se proyectan 294 viviendas, detectaron una caída en el sistema en pleno proceso de contratación de las obras. En concreto, de la fallida Ronda Sur y de la parte trasera de la residencia Etxebidea, que quieren convertir en la primera fase de la posterior construcción de chalés. En el momento de la apertura de sobres para la selección de la oferta, el sistema no les permitía acceder al expediente. Las versiones difieren en los motivos. Mientras los propietarios se muestran convencidos de que fue de manera voluntaria, Hacienda lo achaca a un «error en el funcionamiento de la plataforma» de contratación.

Según explican desde Lakua a EL CORREO, «el expediente de referencia perdió la relación con su poder adjudicador (los propietarios)». Es decir, que «el expediente seguía existiendo y nunca se ha borrado, pero la entidad impulsora no lo podía encontrar porque no lo tenía vinculado a él». Esto significa que, de acuerdo a lo que expone Hacienda, la plataforma no permitió el acceso al expediente por parte los propietarios, pero que seguía almacenado en el sistema.

«Todo expediente tiene dos vertientes: la pública, que pueden consultar todos los ciudadanos, y la privada, sólo para personas autorizadas por el poder adjudicador para realizar trámites internos», desgrana el Gobierno vasco. Al parecer, los «filtros» que se aplican para que los contratantes sólo puedan acceder a sus propios expedientes fallaron y también restringieron su acceso a los propios interesados.

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La incidencia no resolvió de inmediato, ya que, subrayan, «el tramitador del expediente no dio datos suficientes al Servicio de Atención al Usuario. No se pudo localizar el expediente hasta el día siguiente, cuando se corrigió el fallo», relata el departamento de Hacienda. Según sus datos, en esa misma fecha los propietarios realizaron una «publicación relacionada con la ampliación de plazo de presentación de ofertas».

El de la imposibilidad de acceso al expediente de contratación del pasado 26 de enero es el segundo «incidente informático fortuito» (así lo denomina Lakua) relacionado con este expediente. El primero data del 10 de septiembre de 2021. Entonces, los propietarios de Uleta habrían solicitado un cambio en el mismo momento en que una de las empresas licitadoras presentaba su propuesta. «Esto ocasionó que los archivos de la oferta económica no se quedaran vinculados al expediente, y el sistema no supo relacionarlos. Estaban guardados y custodiados, pero no vinculados al expediente», señalan.

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Este «comportamiento» de la plataforma se modificó después, el 25 de noviembre, pero en ocasiones en que el proceso de contratación es anterior, no puede detectar los fallos salvo que se produzca una comunicación por parte de los interesados. Sin embargo, el servicio del Gobierno vasco vio el fallo cuando «tuvo noticias de que algo inusual estaba pasando e hizo una consulta», en este segundo episodio. Fue el pasado 10 de febrero, después de la tramitación de la denuncia. «Ante la seriedad del asunto, se les remite un correo explicándoles la cuestión y nos ponemos a su disposición. Hasta la fecha, han hecho caso omiso de las comunicaciones realizadas», concluye el escrito, que recalca que «los dos incidentes fortuitos no tienen relación entre sí y tienen más de cinco meses de diferencia».

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